Propuso a los Ombudsman Estatales la creación de mecanismos locales para prevenir el flagelo en las 32 entidades federativas
(Foto: Cortesía)
Propuso a los Ombudsman Estatales la creación de mecanismos locales para prevenir el flagelo en las 32 entidades federativas (Foto: Cortesía)

La prohibición de la tortura es total y su aplicación no es negociable

Morelia, Michoacán (Boletín).- Al afirmar que la prohibición de la tortura en nuestro país es absoluta, porque se trata de una grave violación de derechos humanos que no es ni podrá ser negociable, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó que todos los estados deben cumplir con sus obligaciones de prevenirla, investigarla y sancionarla, para erradicar la impunidad de los responsables, así como reparar los daños a las víctimas de ese flagelo y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y llamó a no perder la indignación ante ese delito.

Enfatizó que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por sí misma no evitará dicha práctica si no cuenta con recursos, profesionalización de operadores y voluntad política para evitar la corrupción y la impunidad.

Al encabezar el acto conmemorativo del Décimo Aniversario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), anunció que en su lucha por la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CNDH propondrá a la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos que discuta e impulse la creación de mecanismos locales para prevenir ese flagelo en las 32 entidades federativas.

Afirmó que, ante la próxima promulgación de la Ley General en la materia, la Comisión Nacional ya se prepara mediante una partida presupuestal independiente para ese instrumento que está llamado a ser el agente de cambio de una realidad que nos lastima.

Ante ombudsman locales, legisladores, fiscales, representantes de los sistemas penitenciarios locales, académicos y dirigentes de organizaciones civiles, lamentó que, a pesar de la prohibición expresa de la tortura en el texto constitucional, aún debamos combatir ese flagelo en nuestro país y todavía haya quienes la justifican mediante diversas medidas, y pese a su prohibición se practique en muchos casos con preocupante impunidad.

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