Apenas un mes después de que los miembros del Consejo pidieran al alcalde un juicio de lesividad por la subdivisión irregular en la Loma de Santa María, Martínez publicó el decreto que le resta autonomía al órgano civil (Foto: Archivo)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del día 18 de mayo de 2018 el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por edil con licencia, Alfonso Martínez Alcázar, ostenta el control casi total del Consejo Ciudadano de Morelia, concebido, según su reglamento original de 1984, como “un órgano de colaboración ciudadana, para la atención de asuntos de interés público y apoyar a la administración municipal”, y compuesto por morelianos “propuestos por universidades e instituciones educativas a nivel superior y asociaciones de profesionistas o expertos”.

Es la palabra de tres consejeros consultados por este medio, cuyas declaraciones son confirmadas por el análisis en detalle de la nueva normativa que rige al organismo. Los datos arrojan que hoy, tras una suerte de ingeniería administrativa planificada con todo detalle, el Consejo Ciudadano de Morelia es una instancia burocrática más del Ayuntamiento de Morelia.

El nuevo esquema comenzó el mes pasado, cuando la administración municipal encabezada por el edil con licencia, Alfonso Martínez, publicó el decreto con los nuevos lineamientos. En la práctica, dicen que el edil cuenta con el poder para quitar de en medio a quien pudiera considerar incómodo. Aunque la norma actual contempla a 12 consejeros provenientes de la ciudadanía (éstos solamente son una novena parte que conforma el Consejo Directivo), quiere decir que siempre será mayoría la burocracia en este Consejo Ciudadano, por ello, fuentes consultadas por este medio indican que eso no logra contrarrestar la influencia del presidente municipal con licencia, Alfonso Martínez, y sus funcionarios: los nuevos lineamientos le dan poder casi total al Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal de Morelia junto a sus más cercanos colaboradores.

La nueva ley

El 17 de mayo de este año el Ayuntamiento de Morelia publicó en el Periódico Oficial de Michoacán el “Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano de Morelia”, el cual entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Según el artículo 12 del Decreto, el grupo denominado Consejo Directivo tiene, entre otras misiones, las de establecer sus propias reglas de funcionamiento a través del Manual de Operación, poner o quitar a los miembros del Consejo Ciudadano y al director general, y extinguir las comisiones cuando le parezca conveniente.

La iniciativa deja, en la práctica, el control del Consejo Ciudadano a ese Consejo Directivo. Y éste, a su vez, está encabezado por el presidente municipal, actualmente con licencia, y muchos de sus 22 integrantes son hombres de confianza del alcalde.

El artículo 9 del Decreto es claro en ese sentido: “El Consejo Directivo (…) estará integrado por el presidente municipal de Morelia, quien será también presidente del Consejo Directivo; el síndico; el tesorero municipal; el regidor que coordine la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo; tres regidores representantes de las distintas fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento; el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental; doce consejeros ciudadanos; el director general del Consejo Ciudadano, y el contralor municipal, que fungirá como comisario del Consejo y que participará con derecho a voz pero sin voto”.

Es decir, el órgano controlador del Consejo Ciudadano, o más bien burocratizado, está conformado por al menos cinco funcionarios que le rinden cuentas directamente al alcalde, además de él mismo.

“En la práctica, el presidente municipal con licencia, Alfonso Martínez, en el momento de publicar este acuerdo por el que se crea el ‘Consejo Ciudadano de Morelia’, lo convirtió en otra extensión de su propio gobierno municipal”, dice a este medio un integrante de la Comisión de Crecimiento Urbano del Consejo Ciudadano, una de las que, según reclama, resultaron más afectadas por estas nuevas disposiciones.

“La mano del edil con licencia se nota”, insiste la fuente. “Durante los últimos años cuestionamos que el Ayuntamiento autorizara obras y acciones altamente cuestionadas, como el Parque Lineal del Río Chiquito, fraccionamientos que no están en regla y la subdivisión irregular de la Loma de Santa María”.

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Este último tema resulta de vital importancia para comprender por qué el edil con licencia Alfonso Martínez decidió cambiar las reglas del juego del Consejo Ciudadano para convertirse en juez y parte.

Un órgano incómodo

El 9 de abril de 2018 los integrantes de la Comisión de Crecimiento Urbano del Consejo Ciudadano de Morelia enviaron al entonces presidente municipal Alfonso Martínez y al Cabildo una misiva oficial en la que reclamaban un juicio de lesividad para revertir esa subdivisión en el principal pulmón verde de la ciudad.

“Solicitamos atentamente que se determine en el pleno del Cabildo la fecha y plazo para que el Honorable Ayuntamiento de Morelia inicie un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán”, dice la carta oficial, cuya copia tiene este medio, firmada por al menos ocho integrantes de la Comisión. El documento fue formalmente recibido por la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal.

Un mes después el Ayuntamiento publicó el decreto que debilitó al Consejo Ciudadano.

“No tengo pruebas para asegurar que Alfonso Martínez, en su carácter de presidente municipal en funciones, publicó ese decreto en represalia a que le pedimos el juicio de lesividad por la Loma”, continúa el mismo consejero de la Comisión de Crecimiento Urbano, “pero es un hecho que las fechas calzan perfectamente”.

Odiosas comparaciones

Una simple comparación entre el reglamento del Consejo Ciudadano expedido el 23 de enero de 2013 y el publicado el 17 de mayo de 2018 arroja sustantivas diferencias.

Respecto de la composición, el “Reglamento del Consejo Ciudadano” del Periódico Oficial de 2013, bajo la administración municipal de Wilfrido Lázaro, establece en su artículo 7 que “no podrán ser integrantes del Consejo Ciudadano quienes se encuentren en el ejercicio de cualquier cargo público”, a excepción del presidente municipal, quien, según el artículo 12 de ese mismo reglamento, “preside el Consejo Ciudadano”.

En cambio, el artículo 9 de la ley aprobada en mayo de este año indica que “el Consejo Directivo (…) estará integrado por el presidente municipal; el síndico; el tesorero municipal; el regidor que coordine la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo; tres regidores representantes de las distintas fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento; el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental; doce consejeros ciudadanos elegidos por su respectiva Comisión; el director general del Consejo Ciudadano, y el contralor municipal”.

Según fuentes del propio Consejo Ciudadano, en un principio incluso se había promovido que los “tres regidores representantes de las distintas fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento” fueran propuestos por el presidente municipal. Las presiones de algunos consejeros ciudadanos terminaron por revertir esa polémica medida.

“Si bien esto fue corregido, es claro que la esencia era tener un férreo control gubernamental por sobre el ente directivo del Consejo; ese control hoy se mantiene intacto luego de que el Consejo Directivo se plagara de funcionarios del Ayuntamiento”, indica un integrante del Consejo a este medio.

Respecto del secretario técnico –que en la práctica funge como líder del Consejo Ciudadano tras el alcalde–, la norma de 2013 estipula en su artículo 35 que “el secretario técnico será designado por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal”. La ley actual, en cambio, dice que “corresponde al Consejo Directivo (…) designar, ratificar o remover al director general (quien también es el secretario técnico) en los términos del Manual de Organización”.

En la norma actual, según se explica, casi todos los temas operativos dependen en gran medida del Manual de Organización. El documento, se supone, debe establecer las bases y criterios de funcionamiento interno del Consejo Ciudadano. Pero la elaboración de ese manual, que hasta la fecha no existe, corresponde al director general, cuyo cargo depende del Consejo Directivo, encabezado por el alcalde. Esto, de conformidad con el artículo 4º de los artículos transitorios del acuerdo publicado que dicta. El Consejo Directivo del Consejo Ciudadano rendirá protesta dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación de este Acuerdo y éste, a su vez, deberá emitir el Manual de Organización dentro de un plazo máximo de 45 días naturales posteriores a su instalación.

En resumen: los lineamientos de operación son elaborados por alguien a quien el edil eventualmente podría quitar.

Respecto del máximo órgano al interior del Consejo, el artículo 22 de la ley original detalla que “los puntos de acuerdo de las comisiones, cuando contengan alguna recomendación, deberán (…) ser sometidos al pleno del Consejo para su discusión y aprobación”. En cambio, la norma de 2018 afirma explícitamente que “el Consejo Directivo será la máxima autoridad del Consejo Ciudadano de Morelia”.

Respecto del financiamiento, la ley de 2013 dice en su artículo 36 que es obligación del secretario técnico elaborar un presupuesto anual acorde con los requerimientos de las comisiones. El artículo 12 de la ley de 2018, en cambio, deja esa responsabilidad en manos del Consejo Directivo.

En síntesis, la nueva norma cambió la composición, el método de financiamiento, el rol del alcalde y el organismo que funge como la máxima instancia del Consejo Ciudadano de Morelia, que hoy es el Consejo Directivo, encabezado por el edil. Pese a que en ese último hay 12 consejeros ciudadanos que –en teoría– controlan el poder del Ayuntamiento, varios consejeros reclaman que esta ingeniería administrativa ya ha entregado frutos en favor del edil.

“En este momento intentamos revertir la autorización de cuatro colonias que no cumplían los requisitos de ley. Pero pese a que tenemos urbanistas expertos, la administración municipal ha hecho caso omiso de nuestras recomendaciones”, afirma el integrante de la Comisión de Crecimiento Urbano consultado para este reportaje. Algo que otros dos consejeros confirman.

Es un hecho: Desde la publicación del Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano de Morelia, que fue el día 17 de mayo del año en curso, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el Ayuntamiento de Morelia ató las manos del mismo Consejo, haciéndolo menos independiente que antes, al jugar el papel de juez y parte.

Cronología mínima

23 de enero de 2013, se expide el penúltimo reglamento del Consejo Ciudadano de Morelia que le otorga un alto grado de autonomía

9 de abril de 2018, el Consejo Ciudadano pide al Cabildo iniciar un juicio de lesividad tras la subdivisión irregular en la Loma de Santa María

17 de mayo de 2018, el Ayuntamiento expide el decreto que cambia la composición y la lógica de funcionamiento del Consejo Ciudadano de Morelia

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