La consulta, sea de manera formal o informal, constituye una de las vías de la democracia deliberativa/participativa, la cual busca, entre otros aspectos, zanjar la dañada relación y distancia entre el pueblo y las personas que encarnan el gobierno, aproximar los intereses legítimos de los grupos de la población a los gobernantes, para que esos intereses se tomen en cuenta y se realicen, con una pretensión de legitimidad y feliz eficacia.

La consulta en sí, no es correcta o incorrecta; son sus usos, su empleo lo que lleva a valorar a una consulta como correcta o incorrecta, desde un ángulo especialmente político y ético.

Las consultas concretas pueden tener infinidad de problemas; pero, sin entrar mucho en el tema, de principio y en general, parece que consultar de forma sincera al pueblo en su enorme pluralidad, sobre temas relevantes, es mejor que gobernar de espaldas al pueblo, sin preguntarle, asumiendo que si el pueblo vota a favor de un gobierno, el gobierno, al ejercer el poder, ya no tiene por qué preguntarle nada al pueblo en su diversidad.

Los gobiernos no son intérpretes infalibles de la realidad, de la voluntad y de los intereses de las colectividades que forman al pueblo y tomadores perfectos de decisión; por eso, parece que es mejor gobernar escuchando al pueblo plural, mediante consultas u otros mecanismos deliberativos y participativos, y no hacerlo desde el sillón del jefe que asume que tiene el pedigrí democrático del voto.

Un gobierno que consulta a sus mandantes, está más próximo a un gobierno democrático, que aquél gobierno que solo escucha a sus corifeos.

Pero la consulta, como otros mecanismos deliberativos y participativos de la democracia y del ejercicio del poder, no debe ser empleada en todo caso y en todo momento, porque el exceso es tan reprobable, como su deficiencia.

Se llama la atención sobre este aspecto, porque si un gobierno electo tiene la pretensión de darle un cariz deliberativo y democrático al ejercicio de poder, esa intención puede ser retomada por grupos de interés, de presión u otros órdenes de gobierno (cuando no por el mismo gobierno o por una porción del mismo) más bien, con fines ilegítimos o con el ánimo de ejercer el poder de forma incompetente e irresponsable, y en este sentido, la incompetencia se refiere a soslayar las cargas y obligaciones que legalmente le corresponden a los gobiernos, y la irresponsabilidad, al ánimo de evadir responder de actos propios, todo, con base en consultas y otros mecanismos deliberativos y participativos.

Esa situación anómala, puede afectar tanto al ejercicio del poder y a la construcción de la democracia, como cuestionar acremente la imagen de la consulta y de otros mecanismos deliberativos y participativos, como herramientas democráticas y del ejercicio legítimo del poder.

La sinceridad y la correcta identificación de los problemas relevantes, son puntos clave, como muchos otros, para hacer de la consulta y de otros mecanismos deliberativos y participativos, vías idóneas de la democracia y del ejercicio del poder.

De modo que si un grupo de interés, de presión o un gobierno impulsa deliberadamente consultas con fines reprochables o para que se evada la competencia y responsabilidad en el ejercicio del poder, o bien, para que la consulta, como otros mecanismos deliberativos y participativos, se aplique a casos que no lo requieren, la consulta y los otros mecanismos de consulta y participación, se trivializan.

Dicho de otro modo, se trivializa, si tú consultas, yo consulto, él consulta y se puede hacer sobre el mismo asunto, sobre asuntos similares, sobre asuntos diferentes, sobre todo y sobre nada.

Este problema general, ya se comienza a presentar en concreto en nuestro país, pues se ha llevado a cabo  una consulta sobre el NAICM, y se prevé otra consulta sobre proyectos y programas de apoyo y asistencia social; pero en el orden municipal y tal vez en el ámbito de las entidades federativas, las consultas u otros mecanismos deliberativos y participativos,  ya se están perfilando con fines muy variados, mal siguiendo el ejemplo.

La lógica parece ser que si un actor político consulta con un fin correcto, los demás actores políticos también han de hacerlo en “n” casos, incluso, con fines de oposición, esto es, frente a una consulta, pues otra consulta, en sentido diverso ¿cuál pesa más?

Al final del camino, esa trivialización de la consulta y de los mecanismos deliberativos y participativos, a querer y no, tiene que encontrar una solución, en la construcción de una reforma constitucional, que sea, así, deliberativa, participativa y democrática.

Esa trivialización, nos pone a las puertas de la exigencia de una constitución deliberativa, participativa y democrática.

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