"La estructura de las creencias es tan fuerte que permite que algunos tipos de violencia se justifiquen o ni siquiera sean considerados como violencia. Así, vemos que no se habla de asesinatos sino de bajas, y que no se menciona la guerra sino la lucha por la libertad".
Judith Butler
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, como para qué darle vueltas. Desde hace dos décadas, el país vive un conflicto armado interno que nos ha enlutado como sociedad, un verdadero camposanto. Los novenarios han pasado a formar parte de la rutina en cientos de comunidades en donde se concentran los enfrentamientos. En poco más de 20 años han muerto de manera violenta más de medio millón de personas, de las cuales 52 mil 210 eran mujeres.
Hay, por la vía de los hechos, una feminización de la violencia porque la rutina en las localidades cambió con el conflicto armado, las mujeres han tenido que acostumbrarse a nuevas y variadas formas de sobrevivencia, porque son ellas las que, no sólo cargan con el peso de la tradición patriarcal, sino que ahora deben responder a nuevas condiciones sociales, económicas, culturales. Asumen el mando en los hogares frente a la ausencia de los hombres; se transforman en las proveedoras únicas de los hogares enlutados; asumen, en no pocos casos, la responsabilidad del cuidado de las y los nietos y de los más ancianos; todavía algunas dedican gran parte de su tiempo y esperanza a buscar a las y los hijos desaparecidos.
En las zonas de conflicto interno en estados como Coahuila, Durango, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco, y en municipios como Ciudad Juárez, Torreón, Tijuana, Matamoros, prácticamente en todo el país, son jóvenes asesinando jóvenes; en 1 de cada 2 homicidios que se cometen, la víctima es un joven, el victimario también; 1 de cada 2 mujeres asesinadas tenía menos de 35 años; 1 de cada 2 presos son jóvenes.
Sucedieron tres hechos en Michoacán que marcaron su historia reciente: el Operativo Conjunto Michoacán (2007) cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa era el presidente de México, el surgimiento del denominado movimiento de autodefensas (2013) y el Plan Michoacán (2013-2015) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El 15 de septiembre de 2008 hubo un atentado en Morelia, precisamente durante la celebración del Grito de Independencia; dijeron que se trató del primer hecho terrorista en la historia del país; las ocho columnas de los principales diarios nacionales y un gran número de diarios internacionales fueron dedicadas a Michoacán, por sus implicaciones en materia de seguridad nacional. Aunque la historia no tiene cortes lineales, sí es cierto que para tratar de entender las causas que convirtieron a Michoacán en uno de los estados más violentos del país hay que acudir a los acontecimientos que se registraron, que vivimos y que recontamos en la última década; así, las estrategias en materia de seguridad no fueron las esperadas, al menos las anunciadas por los gobiernos en turno.
Y en el centro del conflicto armado interno que involucra a las fuerzas armadas de diversa naturaleza y rango, está la vida cotidiana en las comunidades y la vida de las mujeres, sorteando las presencias de la gente de las armas y conservando el mandato femenino que la historia y la cultura les heredaron, como madres-esposas, líderes de sus hogares y de su comunidad y como víctimas de la violencia.
En una década (2006-2015) fueron asesinadas en Michoacán 778 mujeres; el 25% de esos casos se registró en la Tierra Caliente, porque es ahí donde se concentró con mayor fuerza el conflicto. Ellas no son, por tanto y solamente, víctimas colaterales, son víctimas directas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, las causas de la violencia son estructurales, es el sistema, es la pobreza, es la exclusión social, es la marginación.
Hoy se realiza en Michoacán el tercer foro Escucha para la Pacificación Nacional, encabezado por Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y quien ha planteado la necesidad de avanzar hacia la pacificación del país y la atención a las víctimas del conflicto.
Hay esperanza en la implementación de un nuevo paradigma en materia de seguridad, que atienda las causas y no las manifestaciones de la violencia; se trata de colocar los cimientos para la construcción de la paz y la estabilidad social y económica. Es necesario, entonces, poner en el primer orden la atención a las mujeres en la zona de conflicto, porque son ellas, principalmente ellas, las que pueden hilar fino en favor de la paz y la reconstrucción del tejido social.
AC
