Fabiola Alanís Sámano
"Si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y, por lo tanto, al feminicidio".
Marcela Lagarde
Parece sencillo, no lo es, romper el silencio; atreverse a denunciar algún tipo de agresión o violencia, tampoco lo es. La violencia contra las mujeres es psicológica, física, patrimonial, sexual. La violencia verbal es casi tan letal como la violencia física, porque las mujeres pierden terreno en autoestima y se multiplican sus temores y sus miedos, por eso tampoco se atreven a denunciar. En Guerrero, por ejemplo, apenas lo hace el 2.5% de todas las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión; en Michoacán la cifra alcanza apenas al 5%.
Aun así, los escritorios de los ministerios públicos están llenos de expedientes polvorientos que no volverán a abrirse, hasta que deban ser llevados al archivo muerto, tal como lo establecen las normas burocráticas de casi cualquier dependencia pública. Muchas de esas carpetas contienen el relato detallado de la violencia cotidiana que se ejerce contra las mujeres, pero los maltratos físicos sólo son aceptados como pruebas jurídicamente relevantes si son lo suficientemente severos, si se justifican por la magnitud de la agresión, como en el caso de las heridas punzocortantes. Las quemaduras, por ejemplo, sólo alcanzan el estatuto de pruebas si son de segundo o tercer grado.
Dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que "la violencia contra las mujeres abarca la violencia física, psicológica y sexual, tanto en el ámbito público como en el privado; es decir, a) Que tenga lugar en la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal , ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato o abuso sexual; b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo; así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
En México, las mujeres no se atreven a romper el silencio y, normalmente, desconocen sus derechos; casi siempre su primer contacto es un ministerio público; hay que esperar dos o tres horas para rendir una declaración, sonrojarse, llorar y detallar la agresión sufrida con lujo de detalles, manoseos, abuso sexual, violación, insultos, heridas punzocortantes en las zonas del cuerpo menos visibles, golpes en la cabeza, amenazas y una larga lista de agresiones que deben relatarse.
Ya es difícil para una víctima de violencia atreverse a denunciar y romper el silencio. Cuando al fin está ahí, en el espacio que debiera brindarle protección, se le cuestiona, se le señala, se le presiona, no se le orienta sobre sus derechos.
En gran medida, los ministerios públicos son el primer espacio de revictimización de las mujeres, son una de las causas por las que no se atreven a hablar y a denunciar, porque además se les cuestiona: ¿en dónde andabas?, ¿en qué andas?, ¿con quién te juntas?, ¿cómo andabas vestida? Carga con tu cruz, regresa con tu marido, no lo dejes, no te salgas de tu casa, es tu esposo, tiene derechos, tu deber es cuidar y atender a tu familia, platiquen, piensa en tus hijos. ¿Qué vas a hacer sola?, ¿qué le hiciste?, ¿por qué te pegó? No salgas de noche, no lo provoques, tus heridas no son graves, regrésate a tu casa. Así, las mujeres, lejos de ser protegidas, siguen poniendo en riesgo su vida, quizá por eso apenas el 36% de la población en México tiene confianza en los ministerios públicos.
Ya sé, no todo es blanco y negro; hay, como en todo, excepciones que comprueban la regla. Hay avances importantes en materia de impartición de justicia, pero seguimos ignorando todavía que la violencia que se ejerce contra las mujeres se castiga, y no sólo a quien comete la agresión, sino a quienes son omisos o tienen bajo su responsabilidad la detección de casos que podrían poner en riesgo la vida de las mujeres, principalmente en el sector salud.
En México, en poco más de dos décadas fueron asesinadas más de 50 mil mujeres; es altamente probable que la cifra fuera menor si se hubiesen atrevido a romper el silencio, ellas y sus más cercanos (familiares, amigos, conocidos). En 1 de cada 2 casos los asesinatos fueron cometidos por sus parejas sentimentales o las personas más cercanas a ellas, pero la tradición cultural, la represión, el miedo a las instituciones, el miedo al rechazo social y el temor a ser señaladas les impidió denunciar a tiempo.
El feminicidio es la violencia extrema que se comete contra una mujer, por el hecho de ser mujer. En el sexenio que termina ocurrieron alrededor de 13 mil 300 feminicidios, muchos de los cuales podrían haberse prevenido en el sector salud, en los ministerios públicos, en el entorno familiar, en el entorno escolar, en las áreas de procuración e impartición de justicia, en el hogar.
La violencia que se comete contra las mujeres de todas las edades no afecta solamente a las mujeres, es un fenómeno social que se ha transferido milenariamente generación tras generación. Sus causas son múltiples y variadas: económicas, sociales, culturales, patrimoniales, sistémicas, y por eso su atención requiere un trato integral que permita, en primer lugar, que las mujeres afectadas se atrevan a romper el silencio.
AC
