La libertad de expresión otorga a todos el derecho de expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente ideas, información y opiniones, siempre que no se trasgredan los límites constitucionales.

La libertad de expresión es especialmente valiosa para los periodistas, los comunicadores, columnistas y medios de comunicación, no solo porque es la base fundamental de su quehacer, sino porque los medios de comunicación y quienes participan en ellos, constituyen un puente de acercamiento entre lo que sucede en la vida social y las personas, así como ayuda a formar opinión y ejecer una crítica razonable sobre el quehacer de interés común.

Sin embargo, el ejercicio de esa libertad en el contexto de la vida política y referida a la actuación de los gobiernos y sus partidos, tiene una protección reforzada, pues se estima que los gobiernos, sus partidos y sus actores se han sometido al escrutinio público, en interés de todos.

Aún así, en un contexto democrático, los medios de comunicación, sus gestores y sus actores, tienen las obligaciones de no vulnerar valores y bienes constitucionalmente protegidos (no pueden llamar al odio racial, a la discriminación, a la violencia, por ejemplo) y de no actuar maliciosamente.

Incluso, es posible que un medio de comunicación, un periodista o un columnista, mienta en su dicho público; pero la mentira no sería suficiente para que sea judicialmente reputado como responsable con diversas consecuencias; lo que le ubicaría en responsabilidad es que actuara maliciosamente, por ejemplo, al publicar “información” que sabe que es falsa y que, por ende, solo refleja un ánimo de daño para la persona pública en cuestión.

Luego, si los medios de comunicación, los periodistas, columnistas y comunicadores, en ejercicio de su libertad de expresión informan o emiten una opinión crítica de un gobierno o de un servidor público; pero no es contraria a las normas constitucionales/legales, por más incómoda que sea la información u opinión, debe ser tolerada por el destinatario de la crítica, quien en todo caso goza del derecho de emitir su propia opinión.

En el país, quizá como no hay precedente, la deliberación política se ha polarizado, y esto se refleja en los medios de comunicación, pues es común observar que, por ejemplo, ciertos diarios y columnistas, un día si y otro también, publican información y opiniones ácidas sobre el gobierno federal morenista y sus principales actores, mientras que los funcionarios morenistas responden una y otra vez, acusando a esos medios, periodistas y columnistas de ser mentirosos, reaccionarios, corruptos y conservadores.

La caja de resonancia de esa confrontación es la población, y en parte, las redes sociales, creando también una polarización manifiesta.

Pero no hay noticia de que el gobierno morenista o sus actores hayan ejercido regularmente acciones judiciales contra sus críticos acusándolos de ser mentirosos maliciosos, con lo cual parecen dar razón, no a las críticas que reciben, sino al derecho de la libertad de expresión, y más bien han elegido el camino de la defensa al expresar su opinión. Tienen otros datos, dirían.

Por esa razón, parece que el sentido común debe llevar a observar con tranquilidad esa disputa entre el gobierno y los medios de comunicación (ciertos medios), como una expresión natural del ejercicio democrático de la libertad de expresión y de la democracia en general, pues parece preferible potenciar la libertad de expresión que reducirla.

La valoración que la población haga de las posturas de cada parte, solo es patrimonio de cada persona, nadie se la puede quitar y en gran medida pertenece al ámbito de la moral y de las preferencias políticas personales y pueden expresarse, con los límites dichos.

Pero quizá la mejor forma de canalizar las valoraciones que ahora se tengan de lo que sucede y del ejercicio de la libertad de expresión, como ciudadano, es con el ejercicio del voto en las elecciones intermedias de 2021, en donde estarán en juego casi la mitad de las gubernaturas del país, las legislaturas locales, las diputaciones federales y los gobiernos municipales.

En ese simple ejercicio del voto, se diluirán los encabezados, las columnas, los informes, las acusaciones de “fake news”, de conservadurismo y solo quedará la dura contabilidad del voto, que es lo que cuenta al final.

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