"Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un medio que preserve a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes"… Napoleón Bonaparte (1769 – 1821). Emperador francés.
Si no es por Chana entonces es Juana, pero la transparencia y rendición de cuentas parecen asuntos negados a Michoacán.
Resulta que las 2 empresas de talla mundial que se interesaron en licitar para realizar la Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar, dijeron que siempre no y entonces la licitación, en su primera oportunidad la declaró desierta el director del Comité de Adquisiciones del Gobierno de Michoacán, Guillermo Loaiza Gómez.
En el ámbito internacional son 4 las empresas que podrían generar mayor esperanza en hacer correctamente la auditoría en mención, considerando la gravedad de la deuda estatal y el enorme sospechosísimo de malos manejos de los recursos públicos, que han provocado constantes discursos de diversas autoridades, sobre la desaparición o desvío de miles de millones de pesos.
Sólo de lo referente al Seguro Popular, el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo ha señalado el desvío, por decir lo menos, de unos 10 mil millones de pesos, a lo que se suman investigaciones periodísticas que presumen incrementos gravísimos y posibles moches en la construcción de la presa Francisco J. Múgica, por citar un par de ejemplos.
En semejante escenario no se puede olvidar el uso de la "licuadora" con la que movieron los dineros públicos en diversas cuentas bancarias, hasta hacer parecer que Michoacán "dispuso" de casi dos billones de pesos, como quedó evidenciado en los resultados de la Auditoría local correspondiente al ejercicio 2014, que ha sido el más grotesco de la historia.
Por lo pronto, las empresas con presencia internacional EY (Ernest y Young con sede en Londres) y la española KPMG se arrepintieron de participar de la licitación y lo hicieron a través de oficios fechados el 19 y 20 de junio respectivamente y que señalan lo siguiente:
• EY: "como resultado del análisis de procesos de riesgos, conflictos e independencia, nos encontramos imposibilitados por regulaciones internas a prestar el servicio requerido".
• KPMG: "no participará en el procedimiento de referencia, por no encontrarnos en condiciones para presentar una propuesta competitiva de acuerdo a las necesidades del Estado, por lo cual presento carta disculpa".
¿Qué saben dichas empresas que optaron por no participar, cuando ya habían comprado las bases de licitación y asistido al desahogo de dudas? ¿Será que el Ejecutivo les comentó que no tenían toda la documentación que se requiere para dicha Auditoría Forense? ¿Las anteriores administraciones planearon todo tan perfectamente que no dejaron oportunidad a la transparencia y rendición de cuentas? ¿Son extraordinariamente suertudos los anteriores ex gobernadores y ex funcionarios?
Y así, seguramente usted estimado lector, tiene muchas más dudas sobre por qué se negaron semejantes empresas y que cobran bien, a realizar una auditoría, que uno podría suponer que es de mero trámite, considerando otros trabajos que presumen en sus páginas de internet.
En fin, ahora el Ejecutivo estatal tendrá que lanzar otra licitación y esperar que surjan nuevos interesados y si resulta también desierta, entonces la Auditoría Forense a la Cuentas Cargos por Aplicar, donde se acumularon casi 11 mil millones de pesos en créditos y con un dudoso manejo, podrá adjudicarse de manera directa a la empresa que elija el gobierno de Michoacán.
Mientras tanto, vale recordar que desde el 2002 al 2016 han sido sancionados por la Contraloría estatal un mil 164 ex funcionarios estatales, pero entre ellos no hay ex gobernadores y apenas figuran 5 ex secretarios estatales:
1. Juan Benito Coquet Ramos. Secretario de Gobierno con Víctor Manuel Tinoco Rubí. Inhabilitado para ocupar cargos públicos por 6 años.
2. Desiderio Camacho Garibo. Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas con Leonel Godoy Rangel. Inhabilitado para ocupar cargos públicos en 6 ocasiones, por un total de 14 años.
3. Mirella Guzmán Rosas. Secretaria de Finanzas del último año de Leonel Godoy. Inhabilitada en 4 ocasiones para ocupar cargos públicos por un total de 11 años.
4. Aída Sagrero Hernández. Secretaria de Educación con Lázaro Cárdenas Batel. Apercibida.
5. Zaira Mandujano Fernández. Secretaria de los Migrantes con Lázaro Cárdenas Batel. Apercibida.
Sin embargo, los recursos que han recuperado apenas superan los 17 millones 500 mil pesos y del total de los sancionados, 402 fueron imposibilitados para ocupar cargos públicos y 762 apenas fueron amonestados o apercibidos.
Evidentemente los resultados son vergonzosos, comparados con la crisis financiera que padece Michoacán, la falta de claridad en el manejo de miles de millones de pesos, entre los etiquetados, los recaudados y los conseguidos a través de créditos, así como ante la prácticamente nula rendición de cuentas.
Y pese a que la realidad es abrumadora y que resulta un tanto utópico, no quiero perder la esperanza de que con una Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar, algo se avanzará, aunque no la haga una de las 4 empresas fantásticas de categoría internacional. Y también queda otra chance en las 10 denuncias que presentó la administración de Silvano Aureoles, dos de las cuales son contra ex gobernadores. Ojalá.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com
