Morelia, Michoacán (Boletín).- El gobierno de Michoacán es el primer obligado a esperar los resultados que arrojen las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre los hechos acontecidos en días pasados en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, afirmó el diputado presidente de la comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza Guzmán.
El diputado local refirió que es "delicado y osado" especular respecto a la infiltración de grupos delictivos en la Meseta Purépecha y específicamente en Arantepacua, ya que esto contribuye a enrarecer y tensar la situación que se vive en esta localidad, genera desconfianza y fractura aún más la posibilidad de diálogo con los habitantes de esta región.
Hizo un llamado a la prudencia y agregó que no se deben adelantar juicios" sin que hayan concluido las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades de justicia.
"No me parece correcto que se hagan señalamientos cuando las investigaciones, si en gran parte no ha podido iniciar, es delicado que se hagan aseveraciones sin que hayan concluido, si finalmente estas señalan que hay un grupo criminal, hay pruebas suficientes lo habremos de entender, pero no es cuando {estas aún no concluyen".
Enfatizó que cualquier aseveración genera desconfianza, suspicacia y no ayuda a encontrar espacios de diálogo con todas las comunidades que enfrentan problemas por la posesión de la tierra, por lo que consideró es el momento reforzar las acciones y canales institucionales que se hayan debilitado, tras este acontecimiento.
El interés primordial, dijo, es dar con los responsables de estas lamentables muertes, y heridos, "debemos esperar, incluyendo al gobierno a que terminen sus investigaciones por un lado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y por otro lado la CNDH y la CEDH", insistió.
Finalmente exhortó a todos los involucrados, tres órdenes de gobierno y comunidades, a encontrar los canales de comunicación institucionales, que permitan resolver de fondo la problemática por la posesión de la tierra.
