areli navarrete mimorelia

El 15 de junio de este año se cumple el término que establece la Ley General de Archivos para que todos los estados del país armonicen la legislación en la materia.

En la columna pasada escribí que sólo siete estados han cumplido en tiempo y dos más tienen pendiente la publicación respectiva; por lo tanto, la pregunta a responder es ¿por qué ha costado tanto trabajo la armonización?

En primer lugar, quiero hacer mención de la complejidad que significa legislar en una materia que requiere conocer de técnica archivística; además, los conceptos, los procedimientos y en general la gestión que requiere un documento para cumplir con las bases y principios que determina la Ley General son complicados, lo que ha hecho necesario que los Congresos estatales se apoyen de especialistas en la materia, como es el propio Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Transparencia a través de sus órganos garantes locales, el INAI y la Comisión de Archivos y Gestión Documental.

Por otro lado, al constituir los documentos el resultado del ejercicio de los acuerdos y decisiones de los servidores públicos y, por lo tanto, el insumo que materializa la rendición de cuentas y la transparencia, ha sido un motivo de análisis y discusión el legislar sobre la integración de los consejos locales, aun cuando la Ley General señala que su integración, atribuciones y funcionamiento tiene que ser equivalente al Consejo Nacional. Lo anterior, porque el consejo local, como órgano de coordinación del sistema que habrá de configurarse en cada entidad, tiene facultades que impactan a todos aquellos que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, pues tendrá atribuciones para implementar todas las políticas, programas y lineamientos que se establezcan a nivel nacional.

Y no se diga de lo complejo que ha resultado establecer en las legislaciones locales la creación de los archivos generales, como las entidades rectoras en la materia que promoverán la administración y preservación homogénea de los archivos, que serán pieza clave en la difusión del patrimonio documental de los estados y cuyo director presidirá el consejo local.