Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exsecretario de Finanzas y Administración en el período del gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, Miguel López Miranda, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar abajo la multa por 572 millones de pesos y la inhabilitación por ocho años que le impuso la Secretaría de la Contraloría del estado.
Dicha resolución fue emitida por la Secretaría de la Contraloría en enero de 2017 debido a que en mayo de 2015 López Miranda permitió, autorizó y firmó la cesión onerosa de los derechos inherentes correspondientes a parcelas que constituían para del patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), sin que existiera autorización de la Junta de Gobierno de esa instancia.
Lo anterior implica que la venta se realizó por debajo del catastro y se configuró un daño al erario público.
El titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, informó que, como último recurso legal, el también exaspirante a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) promovió un recurso de revisión ante la SCJN, que desde su punto de vista debió pronunciarse a finales de mayo, sin embargo, hasta este momento no hay manifestación alguna.
"Estamos esperando a que la corte nos diga si lo admitió o no, nosotros insistimos en que por no ser un asunto de carácter constitucional y tampoco de derechos humanos no habría elementos para que lo admita, sin embargo, tiene sus procedimientos, lo recibe, lo pasa a alguna sala, el ministro de la sala lo revisa y es quien hará los comentarios en su momento", dijo, con la estimación de que el pronunciamiento puede prolongarse hasta principios de agosto.
Cuestionado sobre el cobro de la multa, explicó que la Secretaría de Finanzas y Administración puede constituir un crédito fiscal o en su caso hacer la cobranza. Si él se declarara incapaz de hacer el pago, se le podría iniciar un procedimiento penal.
Por otro lado, dio a conocer que hasta el momento llevan más de 140 servidores o exfuncionarios públicos inhabilitados o con procesos resarcitorios, con desempeño entre el 2009 y el 2014, así como algunos en el ejercicio 2015, principalmente por destinar recursos públicos para fines distintos a los que fueron etiquetados.
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