El uso del correo electrónico se ha vuelto común, al ser una forma más ágil e incluso económica de comunicarse y compartir información.
De esta forma, las instituciones han venido sustituyendo la práctica de imprimir y entregar oficios, por el uso del correo electrónico.
Ahora sabemos que todos los documentos creados por los que reciben recursos públicos (ejemplo, ayuntamientos) tienen que estar siempre al alcance de las personas, quienes en todo momento pueden solicitarlos para revisarlos y, en su caso, ejercer otras acciones o derechos fundamentales. Pero ¿qué sucede con toda la información contenida en los correos electrónicos de los servidores públicos que han venido a sustituir toneladas de papel?
Derivado de casos en concreto, se ha señalado que todas las comunicaciones enviadas y recibidas a través de los correos electrónicos institucionales constituyen información pública. Lo anterior, porque los correos registran información relativa a los actos que se ejercen por parte de los servidores públicos en atención a sus facultades y obligaciones.
Esto significa que, a través de una solicitud de acceso a la información, es posible pedir documentos contenidos en los correos electrónicos institucionales. También es importante señalar que los archivos adjuntos en los correos electrónicos forman parte integral de estos, por lo que, ante una solicitud ciudadana de conocer el contenido del correo electrónico institucional de algún servidor público, este último deberá poner a disposición todos los documentos que se encuentren añadidos al mismo.
Recordemos que los documentos ya no son sólo aquellos que obran en papel; su definición ha evolucionado y abarca todo soporte que contenga información.
