En la historia de la vida del hombre han existido momentos en donde se ha justificado la tiranía, en contraposición han existido tesis relativas a defender la licitud de eliminar al tirano, consistentes en que cualquier particular tiene el derecho de matar al príncipe cuando éste, a pesar de haber accedido al trono por derecho hereditario o por la voluntad del pueblo, menosprecia las leyes y la religión del pueblo; evidentemente este contexto sucede entre los años 1550 y 1600 en Europa.

La tradición dominante durante la edad media y buena parte del renacimiento tuvo un enfrentamiento con la idea relativa a garantizar la legitimidad en el ejercicio del poder político, representada por el respeto del Derecho; precisamente este sometimiento a las leyes es lo que diferencia al principio del tirano y por eso se ha podido decir que a partir de esta idea se visualiza un Estado de Derecho, donde el príncipe sabe que las sacrosantas leyes en que descanse el bienestar público serán solo estables si las sanciona el mismo con su ejemplo.

El príncipe debía entonces establecer como norma de su vida no consentir nunca que ni él ni otros puedan más que las leyes; en las leyes estaría contenido lo que es lícito y justo, y el que las viola se aparta de la justicia y la rectitud, cosa que a nadie está permitida, y mucho menos al rey; este sometimiento se refiere a todas las leyes, es decir, las que proceden del monarca y, por supuesto, aquellas en cuya creación no interviene; se trata por consiguiente, de un principio de carácter absoluto que no admite ninguna excepción.

Todo lo anterior constituye una muestra inequívoca de la posición antiabsolutista de Juan de Mariana (1535-1624), quien tuvo la valentía con un espíritu moderno de criticar decididamente la realidad política española; más de 420 años después, casi al norte del continente americano, en un Estado donde la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, soberanía que se ejerce por medio de los poderes de la unión, donde la voluntad del pueblo fue constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación y ante las malas administraciones sexenales anteriores, vino a obtener el triunfo su actual representante nacional por la mayoría de los electores que ese día, cansados, salieron a confiarle su voto esperando un cambio, una transformación efectiva.

Al paso de los meses, específicamente 18 meses después de haber arribado al poder –donde al tomar posesión de su cargo, protestó guardar y hacer guardar la Constitución nacional y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la nación que el pueblo entonces le había conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, advirtiendo que si así no lo hiciere que la nación entonces se lo demandara– advertía que, o se está por “la transformación del país” o se está en contra de ella.

Es decir: se está con el presidente o se está contra él -no hay medias tintas decía-, para él la crítica es oposición y antagonismo, para él solo hay “conservadores” o “liberales”, nada lejano de la actitud de un príncipe al que en un inicio me refería; la autoridad que ejerce el presidente de la nación, quien arriba al poder por el sufragio de la mayoría de los votantes, está supeditada al respeto a las leyes: la libertad de pensamiento cumple una doble función: por una parte, contribuye al desarrollo de la personalidad humana y, por otra constituye un medio eficaz de control sobre el poder; hoy con un discurso de división en voz del presidente de la nación, la libertad de pensamiento empieza a naufragar; resulta paradójico mantener una posición absolutista y, simultáneamente decir defender los derechos del pueblo. @lvarezbanderas