Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los últimos cinco años sin contabilizar el año 2015, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha presentado 700 denuncias penales por desviación de recursos públicos en todo el país contra funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, afirmó el titular del órgano fiscalizador nacional, Juan Manuel Portal Martínez, quien afirmó que en dicha lista no se encuentra ningún ex gobernador o secretario "ya que ellos no firman los documentos, firman los niveles más bajos".
"Hay de todos tamaños, de todos los conceptos y en toda la república", señaló
En entrevista durante su visita a la Capital Michoacana en el marco de la inauguración de la jornada de capacitación del grupo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), indicó que los resultados para sancionar a quienes enfrentan las denuncias es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dependencia que registra actualmente una acumulado de casi 900 denuncias rezagadas correspondientes a muchos años anteriores.
Portal Martínez destacó que existe deficiencia una deficiencia normativa que permite al titular del Poder Ejecutivo realizar compras ilegales dentro de la normatividad, al ejemplificar que existen operaciones legales, es decir, autorizadas por la Ley de Adquisiciones y la de Obras Publicas que en su artículo primero señalan que las compras entre organismo y entes públicos se pueden realizar sin licitación y se pueden adjudicar directamente por economía personal, en este caso lo que ocurre es que las adquisiciones, compra de servicio o de bienes entre entes públicos sirven para realizar operaciones ilegales.
"Se adjudican a universidades o a otras empresas paraestatales servicios que no están en capacidad de poderlos dar, estos al no ser licitados y no tienen la capacidad para hacerlo y ya armado desde antes, se subcontratan con otras empresas y estas con otras más y los recursos se van a empresas que ni conocemos porque en ocasiones encantamos que no existen, esta es una simulación y está debidamente permitido, es una deficiencia legal pero está mal como se está haciendo".
El Auditor superior consideró que la solución para evitar el desvió de recursos públicos es que sean los titulares del Poder Ejecutivo los que autoricen con su firma, "pues saben bien que están haciendo uso indebido de la Ley y cuando sepan que tiene que firmar y tener responsabilidades se van a parar estas operaciones o se van a realizar encaminadas a la ley".
