Los puntos sobre las ÍES: UMSNH

Foto: ACG
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Es evidente que no se puede exigir a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cumpla con un deber constitucional por medio de actos de presión de carácter ilegal por quien se pueda decir afectado.

El despojo en términos generales puede definirse como la privación de lo que una persona tiene o posee, generalmente con violencia; luego entonces la posesión se pierde entre otras cosas por despojo, si la posesión del despojado dura más de un año, de aquí surge la figura de la prescripción que puede ser positiva o negativa.

La UMSNH se encuentra desde hace varios días ya, en poder de particulares que se pueden identificar por un lado como estudiantes de la Casa de Hidalgo, por otro lado como personas que desean contar con un registro de inscripción sin haber realizado ningún trámite conforme a la "Convocatoria de Ingreso" (aspirantes) y finalmente por estudiantes provenientes del bachillerato de la misma UMSNH o de instituciones afines, que hicieron sus trámites para ingresar, presentaron sus evaluaciones y no fueron promovidos (rechazados).

Los llamados aspirantes no cuentan con un vínculo jurídico con la UMSNH que les permita gozar de algún beneficio o canonjía para su ingreso, en cambio los rechazados sí cuentan con ese vínculo pero ateniendo a la política de ingreso no resultaron promovidos para gestionar su inscripción.

La UMSNH cuenta con un departamento jurídico a cargo de quien es representante legal del señor Rector, a quién mal se le conoce como "abogado general de la universidad", quien en nombre del Presidente del H. Consejo Universitario y como Rector, puede ejercitar la acción legal relativa a la figura del despojo en contra de las personas que hoy tienen en sus manos la posesión de las instalaciones universitarias, así como con una Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas que debe velar por la salvaguarda de los derechos contenidos en la Cartilla de los Derechos Humanos de los Universitarios Nicolaitas que data del año 2011 y que se encuentra vigente en favor de la comunidad universitaria: académicos, trabajadores y estudiantes.

Existen elementos para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la actual paralización u ocupación de los diversos recintos universitarios por las personas en cita, que válidamente luchan por un derecho constitucional pero que lo realizan por la vía equivocada: la presión.

La lucha por más espacios educativos en nuestra Universidad debe ser de todos, marchando unidos, exigiendo a quien en realidad corresponda, un incremento presupuestal suficiente para consolidarnos, estableciendo mecanismos previos al ingreso de quien aspira a obtener una matrícula para orientarle en su vocación profesional, luchando de forma efectiva para que éste derecho humano a la educación sea extensivo cada día y no restrictivo como pareciera lo es actualmente.

El derecho a la educación es para todos, México como parte signante del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, convino en que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible para todos, sobre la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

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