areli navarrete mimorelia

Muchos deseaban que terminara el año 2020 y, con ello, todo el contexto de pandemia que se ha vivido a nivel mundial. Sin embargo, el año terminó y la situación no ha mejorado, por esta razón los retos en materia de transparencia son mayores.

La pandemia nos vino a demostrar que es urgente modificar determinados procedimientos en las instituciones, evolucionar y hacer uso de las tecnologías; todo lo anterior, ligado a la gestión documental, pues ha sido muy complicado que los portales web y la Plataforma Nacional de Transparencia se mantengan actualizados en tiempo y forma en la entidad federativa.

Según los datos publicados por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip), sólo 96 sujetos obligados, de 269 evaluados, cumplieron al 100% con las obligaciones de transparencia, esto es, con la publicación de la información que las leyes General y Estatal señalan que debe encontrarse de manera obligatoria.

Lo anterior significa que los restantes (173 sujetos obligados) tienen 20 días hábiles para subsanar las observaciones que les hizo el Imaip en relación con la verificación realizada a sus portales web y a la Plataforma Nacional de Transparencia, independientemente del sentido y la cantidad de las mismas; por ejemplo, se encontraron algunos vínculos que no abren y/o definitivamente algunos hicieron saber que ha sido muy complicado estar actualizando la información debido a que gran parte del año trabajaron desde casa y no contaban con los documentos.

Esto último ha causado mucho conflicto, porque el estar informado es esencial, aún más durante la pandemia, y pese a que los órganos garantes en la materia, como el Imaip, han venido presionando a través de los procedimientos que la ley determina y que por medio de éstos se ha logrado que los sujetos obligados vayan publicando la información y cumpliendo con todas las observaciones para que aquella sea accesible y de fácil consulta, el problema de origen continúa:

1. Se tienen que analizar los medios en los cuales se contiene la información, porque ante la situación que vivimos se ha advertido la gran desventaja del papel.

2. Definitivamente tiene que revisarse cada uno de los procedimientos que ejecutan los servidores públicos día a día, pues de su ejecución deriva la producción de documentos públicos, y el año pasado evidenció que en estos procedimientos ni siquiera se considera a la gestión documental.

Por ello los retos en la materia este año no constituyen el publicar la información, sino consiste en analizar, investigar y generar la solución de aquello que está impidiendo que lo primero se materialice en tiempo y forma; cada uno de los 269 Sujetos Obligados podrán presentar situaciones muy particulares, pero lo cierto es que en todos coincide la obligación de garantizar el acceso a la información.