Eduardo Pérez/@edoperezarroyo 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán vive hoy el peor momento económico de su historia. La deuda financiera aumentó 11 mil 434% en los últimos 13 años. El endeudamiento progresivo que tiene hoy a Michoacán en el noveno lugar entre los estados con peor calificación económica del país que inició en el año 2003, cuando las finanzas durante dos periodos de gobierno estuvieron a cargo del extesorero Humberto Suárez López, y terminó en abril de 2015, bajo la dirección económica de Miguel López Miranda.

La cuenta 133 del gobierno del estado, conocida como “la licuadora”, ocasionó un incremento progresivo e imparable de la deuda estatal. Según la Auditoría Superior de la Federación, se destinaron recursos a fines no especificados y se esfumó una gran cantidad de dinero proveniente de la federación.

Según las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2002 fue el último año en que la entidad gozó de finanzas sanas. Desde entonces, numerosos créditos adquiridos con distintas instancias bancarias generaron un círculo vicioso alimentado por intereses bancarios impagables, que a su vez generaron nuevas deudas internas –principalmente la falta de pago a proveedores– y finalmente la crisis.

En la actualidad la deuda michoacana se divide en dos ramas principales: con instituciones financieras, y proveedores y prestadores de servicios. Entre ambas, el caso más complejo es la relación con las instituciones bancarias, que son las que generan intereses tales que año con año la deuda aumenta en lugar de disminuir.

El origen

Pese a los numerosos señalamientos de peculado o de directo robo a las arcas fiscales que acusan muchos actores sociales y políticos de Michoacán, expertos como Heliodoro Gil Corona admiten que el origen la deuda de Michoacán se debió más a una mala planeación del uso de créditos –que pasaron a la vista de diversos actores políticos y del entonces secretario de Finanzas, Humberto Suarez López– que a mala fe.

Según el experto, el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, que al cierre de 2002 tenía una deuda bancaria de 152.8 millones de pesos (cifra irrisoria en términos de finanzas públicas), calculó mal las ventajas y desventajas de endeudarse.

“Cuando llegó, Cárdenas Batel era un neófito en temas económicos. Entonces muchos asesores le dijeron: ‘el estado está desperdiciando grandes posibilidades porque el hecho de no tener deuda es un filón que podemos explotar’.

“Los asesores calcularon que en los años siguientes el petróleo generaría un aumento del 14% en las ganancias para los estados; fue entonces que comenzó la escalada”.

Según Gil Corona, “los asesores financieros de Cárdenas Batel no proyectaron la crisis económica que afectaría a todo el mundo en el año 2008, que fue uno de los factores que generó intereses impagables y obligó a adquirir nueva deuda para saldar la ya existente”.

El experto asegura que lo razonable hubiera sido adquirir deuda por un monto no superior a los ingresos propios que Michoacán genera cada año, correspondientes a cerca de 4 mil millones de pesos. Según el último reporte de la Secretaría de Finanzas estatal, Michoacán debe 32 mil millones de pesos. Es decir, 8 veces más de lo que genera cada año.

“La licuadora”

Creada por decreto el 28 de enero de 2003, con la venia del Congreso estatal, la cuenta 133, conocida como “la licuadora”, fue el esquema desde el cual comenzó el desorden administrativo y financiero que en los últimos años caracteriza a Michoacán. Con el paso de los años y las sucesivas revisiones oficiales, la ASF ha confirmado que se trató de una norma que implicó el mal uso y, en algunos casos, la desaparición del dinero.

Según el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, ese año un total de 976 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se utilizó para fines distintos a los originales, entre ellos subsidios a asociaciones civiles, fianzas para tractores agrícolas, adeudos de energía eléctrica, pago de nómina no financiable, remuneraciones a personal de otras dependencias y pago a sindicatos.

En 2011, en tanto, el informe correspondiente a ese año estableció que de los 237 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) etiquetados para el gobierno de Michoacán en 2011 no se comprobaron 144 millones de pesos.

Según coinciden numerosos entrevistados, un punto de referencia de esa trama financiera fue Humberto Suarez López, responsable de las finanzas del estado por dos periodos consecutivos de gobierno. Suárez López fue detenido el 18 de marzo del año 2014, pero liberado a los días siguientes al pagar una fianza por un monto aproximado de 49 millones de pesos y, posteriormente, absuelto de la acusación entonces en su contra ante el órgano jurisdiccional conocedor de ese asunto. Sin embargo, la Auditoria Superior del Estado de Michoacán consideró a éste y otros personajes como responsables de señalamientos que concluyeron con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, las cifras no mienten: desde su labor como encargado de las finanzas, Michoacán comenzó su debacle. Hoy, a 4 años de esa detención, la entidad continúa en una crisis económica que se agrava cada año.

“La licuadora” existió hasta, al menos, el año 2013. En noviembre de ese año el gobernador Fausto Vallejo autorizó a su secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, “a realizar las transferencias necesarias, entre cuentas bancarias, cuando las necesidades financieras del estado lo ameriten, a fin de prevenir un trastorno social, económico y político que ponga en peligro la paz social en la entidad”.

En otras palabras: Fausto Vallejo instruyó a su secretaria de Finanzas a usar “la licuadora”.

El futuro hipotecado

“Fueron varios años de despilfarro”, asegura una fuente consultada para este reportaje. “Años en los cuales los gobiernos gastaron lo que no tenían en asuntos que nada tenían que ver con el avance social. Los gobernadores Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo solventaron todo eso con nuevas y más crecientes deudas, y recién en 2015 el Congreso estatal le pidió a Salvador Jara que resolvieran el endeudamiento progresivo generado por la famosa Cuenta 133”.

Los datos corroboran esa afirmación. El 9 de marzo de 2007 el gobierno de Michoacán adquirió crédito Simple con Banco Mercantil del Norte, S.A., por 600 millones de pesos. El 14 de marzo, un crédito simple con Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., por 971 millones 555 mil 924 pesos. Y ese mismo día, un nuevo crédito celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por 998 millones 148 mil 149 pesos. Ese mismo año se bursatilizó parte de la deuda, tras colocarse en bonos un total de 3 mil 500 millones a cubrirse en 30 años con un interés bruto anual de 4.85%.

Las consecuencias fueron nefastas. En enero de 2017 el diputado Carlos Quintana aseguró que hasta esa fecha se habían pagado 2 mil millones de pesos producto de esa bursatilización, pero aún se debían 4 mil 155 millones 390 mil 802 pesos.

“Bursatilizar una deuda es comprometer pagos hoy con dinero que llegará en el futuro”, explica Gil Corona. “Todos esos movimientos generaron una dinámica para la cual hoy no se tiene solución. En el estado actual de las cosas, Michoacán podría salir de su crisis económica en 2034, pero eso sólo si se toman rigurosas medidas de ahorro y optimización del gasto que hoy no se están tomando”.

Hoy, después de tres periodos de gobierno –uno de ellos encabezado por tres mandatarios distintos–, Michoacán se debate en una crisis terminal.

DATOS EXTRAS

ASF: sí hubo “licuadora”

En distintas ocasiones la Auditoría Superior de la Federación confirmó la el mal uso de “la licuadora”. El documento 11-A-16000-02-0708 señaló que “la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) administró directamente los recursos del FASSA 2011 (del sector Salud)”, y que “la SFA transfirió recursos del FASSA 2011 hacia otros fondos o programas, distintos del fondo”. Asimismo, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 estableció que la SFA “destinó 976 millones 718.3 mil pesos para el pago de prestaciones no reconocidas por la federación, y pagos a conceptos no financiables por el fondo…”.

Fuente: ASF

NÚMEROS

  • 32 mil 709 millones es la deuda total reconocida por la SFA hasta agosto de 2016
  • 17 mil 294 millones corresponden a “deuda de largo plazo”
  • 14 mil 113 millones corresponden a “otros pasivos”
  • 11,434 % aumentó la deuda estatal entre 2002 y 2015

Fuente: Secretaría de Finanzas de Michoacán