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Eduardo Pérez/@edoperezarroyo 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el segundo estado con mayor incidencia del delito de portación de armas a nivel nacional, de acuerdo con las últimas cifras oficiales exhibidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A la vez, en cinco años crecieron al doble entre 2013 y 2017.

La gráfica indica que en 2017 en la entidad aumentaron los delitos de portación ilegal tipificados en la Ley General de Armas y Explosivos. De permanecer entre el quinto y el sexto lugar en años anteriores, Michoacán pasó a quedar sólo por debajo de Baja California.

Según el informe “Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2018”, en 2012 se registraron mil 21 casos en el estado, cifra que lo ubicó en el sexto lugar nacional. En 2013 hubo 874 casos; en 2014, mil 099 casos; en 2015 se llegó a 795 casos; en 2016, a 841 casos, y en 2017, a mil 56 casos.

Las cifras coinciden con las expuestas este año por el Observatorio Ciudadano, que en febrero indicó que 2017 había sido el año más violento en las últimas dos décadas en Michoacán. La situación confirma también las cifras publicadas la semana anterior por este mismo medio, las cuales indicaban que el nivel de violencia va en aumento en los delitos del fuero común, como robos o asaltos.

En 2018 el problema sigue. Este año, según la misma fuente, los delitos de ese tipo registrados hasta febrero llegan a 146, es decir, más de 70 por mes. Los datos ubican este año a Michoacán sólo por debajo de Tamaulipas y la Ciudad de México.

Más armas, más homicidios

El análisis de la relación entre la presencia de armas y la tasa de homicidios es de larga data y las opiniones están divididas. Instituciones de alcance nacional e internacional aseguran que dicha relación es innegable.

En septiembre de 2017 el centro de análisis México Evalúa publicó un estudio que indicaba que el número de hogares que adquirieron un arma de fuego aumentó un 60% en los últimos cinco años en el país. Edna Jaime, directora general del centro y extitular del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), aseguró que el tema de la relación directa entre en armamentismo de la población y los delitos con presencia de armas de fuego o ejecuciones a balazos ha sido menospreciada por las autoridades de todo nivel.

Otros analistas mexicanos confirman la tesis. “En el imaginario colectivo, las armas suelen ser utilizadas por funcionarios dedicados a la seguridad, por el crimen organizado y en una menor medida por delincuentes del fuero común”, afirma Marianna Gabutti, miembro del proyecto Campaña de Reducción de Homicidios en México, de México Evalúa.

“Sin embargo, la impunidad y el clima de desconfianza hacia las instituciones han llevado a cada vez más hogares a comprar armas (…) Parece que la población mexicana se está armando con el objetivo de ser menos vulnerable a la violencia, aun cuando esto genera una espiral de violencia que nos pone en riesgo a todos e incluso resulta contraproducente para los que deciden conseguir armas”, agrega.

Expertos internacionales lo avalan. El Centro de Investigación de Control de Lesiones de la Universidad de Harvard afirma que hay evidencias de que más armas suponen mayores riesgos de asesinatos.

“Nuestra revisión de la literatura académica ha observado que existe una amplia gama de evidencias que indica que la disponibilidad de armas de fuego es un factor de riesgo de homicidio. Estudios transversales indican que en los hogares, las ciudades, los estados y las regiones en los que hay más armas, hombres y mujeres tienen un mayor riesgo de homicidio, especialmente por arma de fuego”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que 8 mil 156 armas fueron registradas en Michoacán en 2017. Sin embargo, especialistas en el tema aseguran que la cifra se encuentra lejos de la realidad.

En meses recientes, la Sedena y cuerpos de seguridad locales han iniciado operativos de decomiso de armas con el fin de mantener bajo control su portación y uso. La portación ilegal de armas está tipificada como un delito de competencia de la federación, dado que, según la lógica jurídica, se presume que su existencia supone un riesgo intrínseco para la seguridad de la nación.

CA