La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).-La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo en recurso de apelación sentencia condenatoria de 22 años y seis meses de prisión en contra de una persona del sexo masculino, responsable del delito de violación en agravio de un menor de edad, ilícito perpetrado el año pasado en el municipio de José Sixto Verduzco.
Esta resolución obedece al estudio que hizo el magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia, con relación a la apelación interpuesta por el Ministerio Público en contra de la sentencia de nueve años y tres meses que emitió el pasado tres de agosto el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro.
En resolución, el Magistrado consideró suficientes las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público para sentenciar a Felipe "N", quien en dos ocasiones agredió sexualmente a la víctima de 12 años de edad cuando ésta transitaba por la calle.
Durante el desarrollo de las investigaciones, se estableció que el 09 de agosto de 2015 el menor de edad transitaba por una calle de la comunidad El Arco, cuando fue interceptado por Felipe quien lo trasladó hasta un lote baldío, lugar donde lo agredió sexualmente.
Dicha agresión nuevamente se repitió el 16 de agosto del citado año, cuando el afectado se dirigía a un negocio y el ahora sentenciado lo atacó, asimismo, se determinó que éste lo amenazaba para que fuera a contar dichas agresiones.
Sin embargo, el agraviado le platicó a sus padres lo sucedido, por lo que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y se solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue obsequiada y cumplimentada por los agentes policiales quienes lo presentaron ante el Juez de la causa, quien el pasado mes de agosto emitió una sentencia de nueve años, tres meses de prisión en contra del imputado, misma que fue apelada por la Fiscalía, con la resolución ya conocida.
Además de incrementar a 22 años, seis meses de prisión, el Magistrado condenó al acusado al pago de reparación del daño por lo que corresponde a costos del tratamiento médico y terapia especializada, costos de los servicios jurídicos, los costos de transporte, ingresos perdidos de las personas encargadas del cuidado de la víctima, resarcimiento de los perjuicios ocasionados y los derivados de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima genera por la comisión del delito y los gastos permanentes a consecuencia del ilícito.
