Alejandro Moreno*
El ejercicio público y político exigen ejemplaridad. Por ello, el pasado 3 de agosto el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó la reforma a sus estatutos con el objetivo de establecer claramente la prohibición de que toda persona señalada de ejercer violencia política contra las mujeres pueda ocupar un cargo de dirigencia y/o de elección popular bajo las siglas tricolores.
Se trata de la respuesta más contundente por parte de un partido político mexicano en favor de las mujeres y en contra de la violencia de género.
Dichos cambios fueron confirmados el 5 de septiembre de 2020 por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos integrantes hicieron patente la constitucionalidad y legalidad de las medidas adoptadas.
Por tal razón, el PRI se ha sumado de inmediato a la iniciativa impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil y adoptadas como propias por el Consejo General del INE, en el sentido de exigir que todas y todos los candidatos firmen bajo protesta de decir verdad que no tienen antecedentes de ser deudores de pensiones alimenticias, ni de ser abusadores sexuales y/o agresores de mujeres.
Se trata de un gran esfuerzo encaminado a limpiar la actividad política en México y cerrar el paso al abuso y a la impunidad. Con ello, la ciudadanía puede confiar en que las personas postuladas por el PRI son ciudadanas ejemplares y respetuosas de la ley.
Cabe destacar que el PRI no solo confía, sino que impulsa la actividad comprometida de las organizaciones de la sociedad civil que, sin otro objetivo más que el desarrollo político y social, realizan una labor imprescindible en favor de la igualdad de derechos y en contra de todo tipo de violencia que lamentablemente ha cobrado la vida de mujeres y niñas.
Pero no son suficientes dichas medidas, sino que por pistas paralelas se debe luchar en contra de este flagelo que lacera a la sociedad en su conjunto.
Por ello, mientras que en el campo legislativo el PRI ha pugnado por la creación de los Registros Públicos Nacionales de Agresores Sexuales y de Deudores Alimenticios, conocidos como "Ley Quemón" y que buscan dotar de nombre y apellido a quienes hoy abusan de mujeres y niños, en el ámbito intrapartidista impulsamos la profesionalización de cuadros de mujeres que están listas para ejercer el poder público y responder adecuadamente a la sociedad.
No hay marcha atrás en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva y en el PRI no vamos a cejar hasta lograr que México se convierta en el país que todas y todos queremos para nuestros hijos. Los Derechos Humanos no son negociables ni opcionales, sino la hoja de ruta bajo la cual nos guiamos en el PRI invariablemente.
*Presidente Nacional del PRI.
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