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A través de la transparencia podemos monitorear el quehacer de los servidores públicos y, en consecuencia, si su actuar es legal. Esto también nos permite medir los resultados que, en el ejercicio de sus facultades presentan, que se traducen en un sinfín de acciones en atención a la finalidad de su creación; por ejemplo, conocer si el programa público, en el que se invirtió una cantidad importante de recursos públicos, fue efectivo para cumplir con ciertas necesidades de la población.

Por eso la relevancia de la publicación de las Obligaciones de Transparencia, porque recordemos que, de manera obligatoria, todos los que reciben recursos públicos tienen que publicar en su portal web y en la Plataforma Nacional de Transparencia el listado de documentos que señala la Ley General de Transparencia, como cuánto ganan, qué contratos han celebrado y con qué fin, licitaciones, programas sociales, entre muchos otros.

Ahora, como se señaló, es obligación legal transparentar la información creada en ejercicio de sus funciones; por tanto, qué se debe hacer cuando en la búsqueda de los documentos éstos no se encuentran: ¡denunciar!

No se trata de una denuncia penal; explico: en transparencia existe un procedimiento denominado Denuncia, en el que cualquier persona puede señalar a los órganos garantes en la materia (en Michoacán el IMAIP) la falta de publicación de las obligaciones de transparencia que prevé la ley. Este procedimiento es muy sencillo, se integra sólo con cuatro etapas: la presentación de la denuncia, la solicitud de un informe a quien se presume no cumple con la ley, la resolución y, por último, la ejecución de esta última.

Para presentar la denuncia, la ley señala, a su vez, cinco requisitos: denominación del denunciado, descripción del supuesto incumplimiento, en su caso medios de prueba, domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones y, de manera voluntaria, el nombre del denunciante y/o su perfil, para fines estadísticos.

En este sentido, en Michoacán, el IMAIP tiene a disposición un formato de fácil llenado para animar a que se denuncie a aquellos que incumplen con las obligaciones de transparencia. En 2018 se resolvieron 45 denuncias, de las cuales 3 fueron fundadas contra los ayuntamientos de Purúandiro (1) y Queréndaro (2). Sin embargo, en lo que va de 2019 sólo se ha interpuesto una denuncia contra el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora.

Estar atentos a la publicación de las obligaciones de transparencia genera que el servidor público asuma sus responsabilidades y ajuste su actuar a la ley, puesto que la publicación de sus actos los somete al escrutinio social.

En el estado son pocas las denuncias que se han presentado.