Por: Ramón Hernández
Hace algunos días escuché pasmado que algunos casos de violencia política en perjuicio de candidatas electas para determinados municipios en el país no habían sido resueltos, como en Oxchuc y Chenalhó, Chiapas. También leí en las noticias, en voz de un Consejero Electoral de un órgano local de un estado de la República, sobre la existencia de medio centenar de casos en los que se ejerce la violencia de género en contra de mujeres indígenas que han decidido participar en las aguas turbulentas de la política.
Con las recientes reformas electorales, en menos de una década se ha pasado de buenas recomendaciones a obligar a las autoridades, partidos políticos y ciudadanos a incluir al género femenino en las postulaciones de cargos de elección popular; es decir, se ha avanzado en la sugerencia de tener por lo menos un 30 por ciento de participación de mujeres en las postulaciones a cargos de elección popular a imponer a los partidos políticos, ciudadanos y candidatos la postulación de damas en un 50 por ciento como mínimo. Se han prohibido prácticas evasoras de la ley para que las mujeres no sean postuladas en espacios en los que tradicionalmente ha perdido el partido político o los candidatos hombres; también se ha dispuesto que las propias autoridades electorales utilicen, en sus actividades, políticas incluyentes de género y de grupos vulnerables, así como se ha trabajado en la política de no expresar lenguaje sexista que redunde en la intolerancia y en la discriminación de género.
En 2015, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), 42 millones 311 mil 158 mujeres estaban registradas en la lista nominal; es decir, el 52 por ciento del listado; de las cuales 22 millones ejercieron su derecho al voto. Por otro lado, según cifras oficiales, en las elecciones federales del 2012 participaron 277 mil 176 mujeres como funcionarias de casilla, de las cuales 66 mil 873 fueron presidentas de las mesas directivas, lo cual representa el 46 por ciento del total, mientras que en el mismo proceso electoral el 66.08 por ciento de los votantes fueron mujeres.
Estos parámetros han sido aplaudidos en diversos foros y escenarios, nacionales e internacionales, en los que se resalta la necesidad de que la sociedad se convenza y lleve a cabo prácticas incluyentes, en condiciones reales de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres; en las que se erradique la cultura del machismo, la discriminación y el privilegio en favor de los hombres. Se demanda, sobre todo, la desaparición de la violencia en todas sus facetas: en el hogar, en el trabajo, entre las parejas y más aún en los espacios públicos y en el ejercicio de los derechos político-electorales. A esta encrucijada se han subido diversas instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y sus equivalentes en los estados, así como los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales y los diversos órdenes y niveles de gobierno.
Sin embargo, ¿es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora o nos queda todavía un tramo largo por recorrer? ¿Qué aspectos debemos abordar y atacar para disipar conductas violentas y discriminatorias de género? ¿Cómo podemos contribuir socialmente a dignificar el rol de las mujeres en las actividades de nuestro entorno? Las respuestas parecen sencillas, pero en realidad no lo son.
Si bien es cierto que se han logrado avances importantes, también lo es que existe un camino enorme por recorrer. Tenemos, por ejemplo, que aún no se ha hecho gran cosa para obligar a los entes gubernamentales a que la igualdad de género permee en el interior de sus oficinas; es decir, que exista en los cargos públicos una verdadera igualdad, que los espacios ocupados lo sean por mujeres en la medida de lo posible en por lo menos el 50 por ciento. En otras palabras, se debe transitar de una exigencia de cuota de género de los cargos de elección popular a los cargos públicos, principalmente en los administrativos, pues existen estudios que demuestran que el género femenino es mejor administrado que el masculino.
Para contextualizar lo anterior tenemos que según el portal de la Presidencia de México, actualmente seis mujeres integran el Gabinete Legal y Ampliado (el 20 por ciento); tres de ellas están al frente de igual número de Secretarias de Estado, mientras que otras tres encabezan la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Por otro lado, en el Poder Judicial, de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo dos son mujeres, es decir, el 18.8 por ciento de la integración. En el caso de la Cámara de Diputados, el 39.4 por ciento de las curules está ocupadas por diputadas (201 de los 500 legisladores son mujeres). En el Senado, 44 de los 128 senadores son mujeres, lo que representa un 34.4 por ciento. Y es importante destacar que en los últimos treinta años ha habido sólo seis gobernadoras (Colima, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y actualmente Sonora) y una jefa del Distrito Federal.
De acuerdo con las cifras de los indicadores de Inmujeres, en 2016 había 221 alcaldesas de un total de 2 mil 461, lo que representa el 8.9 por ciento del total de alcaldías. En Michoacán actualmente hay cuatro alcaldesas (Pajacuarán, Turicato, Santa Ana Maya y Zinapécuaro); es decir, un 3.5 por ciento del total de los 113 ayuntamientos.
Por otra parte, once diputadas fueron electas por el principio de mayoría relativa y seis por representación proporcional; o sea, del total de 40 diputados, el 42.7 por ciento son mujeres. Por lo que toca al Ejecutivo Estatal, de las veinte Secretarías que integran el gabinete legal del Michoacán seis están encabezadas por mujeres (el 30 por ciento).
En el caso del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), de un total de 74 personas que laboran para la institución —incluidas empleadas y empleados, funcionarias y funcionarios, consejeras y consejeros— 45 son mujeres y 29 hombres; es decir, el 60.8 por ciento son mujeres. En la Junta Estatal Ejecutiva legal, de siete espacios tres corresponden a las mujeres, lo que equivale a un 42.8 por ciento del total. Así mismo, en la Junta Estatal Ejecutiva Ampliada, de trece espacios siete son ocupados por mujeres, lo que equivale a un 53.8 por ciento. En el caso de las y los consejeros que integran el órgano electoral, de seis la mitad son mujeres.
Así las cosas, un rubro más que debemos considerar con las candidatas electas —o quienes ocupen un cargo público, que no pasan por la aduana electoral— es ofrecerles la certeza de que podrán ejercer su cargo a plenitud y con las atribuciones que la propia legislación marca.
Y es que mucho nos hemos preocupado por generar condiciones de igualdad de género para las postulaciones, pero nos hemos olvidado de otorgar las mismas garantías a las damas que ejercen el cargo público, más cuando se trata de oficios que no son elegibles. Es un hecho de que las políticas públicas hacia la igualdad deben dirigirse hacia erradicar la violencia en el ejercicio de la función para que las mujeres cuenten con las condiciones mínimas de ocupar su empleo y desempeñarlo en potencia.
En este sentido, de acuerdo con un informe de la Fepade sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres, entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia política contra las mujeres. Por lo que se refiere al Proceso Electoral 2014-2015, la Fepade reportó en su Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres 38 casos de violencia política en contra de las mujeres, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Sonora y Tabasco. Entre los casos relevantes se encuentra el caso de Lorena Nava Cervantes, vocal de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en el estado de Oaxaca, quien fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público; o el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a dimitir de su cargo tras el secuestro de dos legisladores del estado de Chiapas.
Otro aspecto importante que hay que destacar es que este ejercicio de tolerancia, inclusión e igualdad debe abordarse en todos los niveles educativos; no basta solamente con el nivel superior; es necesario que se incluyan en las instrucciones de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y, desde luego, la licenciatura, para crear conciencia y educar al respecto. Este ejercicio también debe llevarse a cabo al seno de los hogares: que los papás, los hijos y los hermanos practiquen la inclusión y la no discriminación e igualdad, e incorporen cada vez más a las esposas, mamás, hijas y hermanas en la toma de decisiones de asuntos familiares.
Un tema a destacar es que la sociedad en lo general debe asumir estas cuotas mínimas de participación de las mujeres en los espacios de trabajo, lo que significa que las políticas de igualdad y equidad deben permear no sólo en el sector público, sino también en las empresas, organizaciones sociales y civiles y en cualquier ámbito laboral, sea público o privado. Los temas de igualdad y equidad no son exclusivos del sector público; obligan al sector privado (empresas, bancos, asociaciones, sociedades, escuelas), donde se tiene que garantizar en todo momento que en sus espacios de producción y de toma de decisiones se privilegie la presencia de las mujeres en por lo menos un 50 por ciento.
Se trata, pues, de un derecho humano que debe ser reconocido, implementado y vigilado por la autoridad y por la sociedad misma: el derecho a la igualdad, inclusión y no discriminación hacia la mujer. Por lo que en lugar de "festejar" como si se tratara de un onomástico o del Día de las Madres, el 8 de marzo debe convertirse en un momento de reflexión y balance para conocer lo que hemos hecho y, sobre todo, lo que nos hace falta para lograr un equilibrio verdadero en favor de la mujer.
