Ciudad de México (MiMorelia.com).- En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el marco de los Foros Universitarios "La UNAM y los desafíos de la nación", José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y exsubprocurador de la república, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado, a nivel federal, estatal o municipal.
Al participar en la Mesa 2 del Foro Política de Estado para la Seguridad y Justicia, "Evaluación de las políticas operativas, conceptuales y legales", José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que ha habido avances enormes en la parte de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero por otro lado, una extraordinaria crisis de la seguridad en el país.
En el aula magna Jacinto Pallares de la (FD), José Mario de la Garza, presidente de la Barra de Abogados, opinó que la gravedad de la crisis en los sistemas de seguridad y justicia se refleja en datos como que 96 por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la posibilidad de imponer sanciones es de sólo dos a cinco por ciento, lo cual significa que 98 por ciento de los delitos que se cometen en México no tienen una consecuencia.
El especialista en seguridad nacional, Alejandro Hope, explicó que el incremento de la violencia no se da en un vacío, sino que sucede en un entorno internacional específico.
Por último, Luis Esteban Islas Basilio, en representación de Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública, señaló que la pregunta relevante que se debe hacer es cuáles son los factores que inciden en los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado, donde se registró un incremento entre 2008 y 2011, una disminución entre 2012 y 2014, y un nuevo incremento entre 2015 y 2016.
Si no entendemos el problema y cuáles son los elementos que inciden en él, como en todo proceso de política pública, no seremos capaces de resolverlo. Y aún no podemos explicar con certeza cuáles son las variables que intervienen, finalizó.
