Los partidos políticos locales en Michoacán, al igual que en otras entidades federativas, ya están listos para iniciar en pocas semanas el proceso electoral. Están atentos a la preparación de la elección y han visualizado la jornada electoral, cómputo y resultados, declaratorias de validez, en fin, sólo por mencionar algunas de las etapas más relevantes que en sí acarrean una infinidad de procedimientos.
Han planeado con detalle cada una de estas etapas que, sin duda, van a generar documentos, por lo que se espera que en materia de archivos y gestión documental se tenga la misma preocupación, que estoy segura que sí.
Primero, porque por obligación constitucional los partidos políticos deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
Y segundo, son sujetos obligados de la Ley General de Archivos porque reciben y ejercen recursos públicos y, por lo tanto, tendrán que dar cuenta a los michoacanos de las auditorías archivísticas que se realicen a sus sistemas institucionales de archivos, sus procesos de gestión documental y al cumplimiento normativo en la materia.
Así, a los resultados de las revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto los partidos políticos con motivo de la fiscalización de sus recursos en el tema electoral, se sumarán los de las auditorías archivísticas; acciones indispensables entre ellas, pues no se podría llegar a lo primero sin la documentación y sus procesos de gestión, sustancia de lo segundo. Finalmente, en los documentos se hace constar el cómo, cuándo, dónde y por quién se ejerció el recurso público.
