Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Que se reactiven los juzgados cívicos electos en las comunidades indígenas para que puedan resolver asuntos menores, para los casos graves, los jueces especializados bilingües sean itinerantes, demandó esta tarde el magistrado de la novena sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez.
Ello, durante la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, celebrado este jueves en el Antiguo Palacio de Justicia, situado en el centro histórico de la ciudad.
La directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el estado, Estrella López Maciel, explicó que el protocolo obliga a los juzgadores a tomar en cuenta reformas constitucionales y tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos y colocarlos en el centro de su actuación.
Consideró los principios de no discriminación, maximización de la autonomía, acceso a la justicia con consideración a sus diferencias y particularidades culturales, autoidentificaciòn; participación, consulta y consentimiento, así como protección especial a sus territorios y recursos naturales.
Durante su exposición, Bribiesca Vázquez, indicó a los jueces ahí presentes que cuando juzgan a un indígena deben tener en cuenta su cultura, el intérprete, cuál es la situación que lo llevó a ser juzgado.
"El protocolo nos viene a decir a los jueces con qué cuidado, con qué responsabilidad debemos de tomar nuestras decisiones para no dañar lo que de suyo se ha dañado durante estos 500 años", refirió con la acotación de que la expectativa es llegar a una justicia indígena suficiente.
Admitió que sin embargo, el poder judicial de Michoacán carece de jueces bilingües para las cuatro etnias significantes que tiene el estado; sólo tiene dos, uno en Uruapan para los purépechas y otro en Coahuyana para los náhuatls; mientras que para los mazahuas y otomís, en el Oriente no hay un juzgador especializado.
Relató que anteriormente existía la posibilidad de que los asuntos menores fueran resueltos en las mismas comunidades originarias por jueces cívicos electos en asamblea y validados por el Poder judicial.
Desde su punto de vista tendría que retomarse ese modelo, y, por otro lado, rolar a los jueces bilingües en las distintas regiones para que conozca de los casos graves.
"Si un indígena de la cañada se asume como purépecha y tiene algún conflicto no va a ir hasta Uruapan a arreglarlo porque tiene un costo, porque requiere actividad procesal, tenemos nosotros que darle itinerancia", remarcó.
También participó como ponente el coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la comisión estatal de los derechos humanos, Gerardo Herrera Pérez, quien enfatizó que no sólo los juzgadores sino todos los servidores públicos deben hacer una resignificación de su discurso político en público y verdaderamente respetar los derechos humanos, la cultura de la igualdad y la perspectiva de género.
Los convocó a trabajar en el concepto filosófico de la dignidad, con el siguiente cuestionamiento: "tenemos a uno de los hombres más ricos, tenemos a 50 millones de pobres, entre ellos muchos, muchos indígenas, me pregunto ¿dónde está la dignidad?", finalizó.
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