Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que dos trabajadores denunciaron despido injustificado por negarse a pagar la mitad de su salario a cambio de una recomendación laboral de los diputados morenistas Mayela Salas y Osiel Equihua, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera, solicitó una investigación a las contralorías internas del Legislativo y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En rueda de prensa y acompañada de la presidenta de la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, Cirse López Riofrío, refirió que la queja de los afectados debió retomarse de inmediato para evitar la violación a sus derechos laborales, aún si los mismos decidieron hacerlo público sólo a través de un medio de comunicación.
De acuerdo a la publicación, los trabajadores señalaron actos de corrupción después de que fueran contratados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y condicionados a entregar el 50 por ciento de su primera quincena para los asambleístas mencionados, sin embargo, al no ajustarse a dicha petición les rescindieron su contrato de forma inmediata.
Elvia Higuera comentó que las contralorías internas deberían realizar los procedimientos de investigación y llevar registro de las personas que se han dado de alta y baja en la presente legislatura para requerir su presencia y valorar si existieron actos de corrupción y trasgresión a sus derechos.
"Pedimos que los órganos internos de control del Congreso y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean imparciales con apego a la normatividad y no coparticipes de violaciones laborales", apuntó.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana recordó que en el SEA hay un acuerdo para dar seguimiento a las quejas o hechos que puedan presumir actos de corrupción ante la autoridad correspondiente, incluso si es a través del rastreo de información en los medios de comunicación.
Por su parte la presidenta de la Asociación Civil Humanas sin Violencia se sumó al pronunciamiento al considerar un acto vergonzoso condicionar el empleo de una persona y sobre todo si ocurre en el Congreso del Estado donde "los legisladores no hacen pronunciamiento a estas prácticas que lesionan al ciudadano y deja ver que son coparticipes".
Tras solicitar derecho de réplica la contralora interna de la CEDH, María Esther Ruiz, aclaró que a partir de la publicación de la nota periodística el 4 de agosto, se inició una investigación que aún no termina a pesar de que "la nota no es clara porque no señalan los nombres de los trabajadores, pero se dará vista a la contraloría interna del Congreso y con ello la obligación de actuar al respecto".
Por: Aned Ayala/R
