Bélgica (Rasainforma.com).- La Comisión Europea (CE) propone sancionar económicamente a los países europeos que rechacen acoger a refugiados en momentos de crisis migratoria, como la que se vive actualmente.
La propuesta es un intento por sacar de la parálisis el acuerdo para repartir en los próximos dos años a 160 mil refugiados ubicados en Grecia y en Italia, sin embargo debe ser aprobada por los gobierno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE).
El pacto fue adoptado a finales del 2015 por mayoría calificada, ante la fuerte oposición de los países del centro y este de la UE, que hasta ahora no han participado en el mecanismo.
Por la nueva regla, cualquier país podría desvincularse del reparto mediante el pago de 250 mil euros (287 mil dólares) por refugiado rechazado.
"El costo (por la acogida de refugiados) para las autoridades locales es enorme", sostuvo el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, para justificar el elevado valor que se cobrará a quienes no quieran aceptar refugiados.
"Uno no puede dar la espalda cuando su vecino tiene un problema. No hay solidaridad a la carta en esta unión", comentó el comisario, alegando que ningún país sería capaz de hacer frente solo a la presión migratoria sufrida por Grecia.
Por su parte, el gobierno de Bruselas aseguró que no se trata de una multa, sino de una compensación financiera para cubrir los que otros países asumirán por la acogida de cada refugiado rechazado.
De acuerdo con la nueva propuesta, el mecanismo de reparto de refugiados pasaría a ser permanente.
Se activaría de manera automática cada vez que un país vea sobrepasada en 50 por ciento su capacidad de acogida, que corresponde a una media fija entre su Producto Interno Bruto (PIB) y población.
La cantidad de refugiados que deberán asumir los demás países también se calculará con base en el PIB y la población de cada uno, teniendo en cuenta el número de candidatos al asilo ya reasentados.
El plan hace parte de una amplia revisión de las reglas europeas de asilo, que incluye también medidas para contener los movimientos secundarios de demandantes de asilo en el interior de la UE.
Quienes dejen sin autorización el territorio del país al que pidieron asilo podrían enfrentar "consecuencias procedimentales proporcionadas" o perder los "derechos de recepción".
