Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Víctor Ruiz).- El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), Arturo Bucio Ibarra, dio a conocer que actualmente en el Congreso del Estado se tienen dos solicitudes de juicio político en contra de dos ex funcionarios públicos de los Ayuntamientos de Zitácuaro y Pajacuarán, esto a causa de deudas que mantienen por el concepto de obra pública.
En entrevista, el funcionario explicó que de unos cinco años a la fecha, en el TJAM se han presentado casos de adeudos con contratistas por obra pública, los cuales, dijo, tienen más incidencia cuando las administraciones municipales concluyen su periodo de gobierno, como es en el caso de Zitácuaro y Pajacuarán.
Las penas que corresponden en estos casos, abundó, depende de lo que se haya establecido en el contrato entre ambas partes; sin embargo, precisó que el TJAM insta a los gobiernos para que cumplan con sus compromisos económicos, pero en caso de omisión, apuntó que se aplican multas, la destitución de los servidores públicos que son electos por sufragio o inclusive la promoción de un juicio político.
Sin embargo, cuando se trata de funcionarios que ya no están en la administración, reconoció que no resulta efectivo que se pida el desafuero o el juicio político, puesto que la persona ya no funge como servidor público.
No obstante, Arturo Bucio Ibarra consideró que es importante que el proceso no se detenga, ya que al legitimar la acción con los órganos correspondientes, se va generar que el ex funcionario sea sancionado con la inhabilitación o la imposibilidad de que vuelva a ser candidato a ocupar un puesto público.
Por otra parte, aseveró que de nada sirve que los particulares tengan una resolución a su favor si los gobiernos no tienen la suficiencia económica para pagarles, como ha sucedido en los últimos años en Michoacán; por ello, el presidente aseguró que como Tribunal se encuentran constantemente "empujando" para que el estado cumpla lo más rápido posible.
Bucio Ibarra agregó que es importante que las multas, que van hasta los 500 salarios mínimos, sean cobradas con el recurso personal del acusado, "pues de nada serviría que paguen a través de dinero que le pertenece al erario público".
