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Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del estado presentaron este jueves ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local un escrito para solicitar la copia certificada por duplicado de todo el expediente relativo al proceso de designación del cargo.

Especifican que dicho expediente debe contener, entre otros, los siguientes documentos:

1.- Dictamen del Decreto de la Reforma al Artículo 102 de la Constitución Política del estado.

2.- Convocatoria para la elección del Fiscal General del estado.

3.- Dictamen que establece las bases de las comparecencias de los aspirantes al cargo.

4.- Dictamen en el que se prevén los parámetros para evaluar y asignar calificación a los aspirantes al cargo.

5.- Dictamen en el que se conforma la decena de aspirantes remitida al titular del poder Ejecutivo del estado, para efecto de que proponga la terna al cargo.

6.- Acta circunstanciada en la que se establecen los parámetros, consideraciones, argumentos, fundamentos y posicionamientos de cada uno de los integrantes de la legislatura, respecto a la exclusión de aspirantes al cargo.

7.- Acta circunstanciada de la votación realizada por los diputados para la elección del fiscal.

8.- Acta circunstanciada y anexos (cédulas de votación) levantados durante la sesión en la que se eligió al fiscal.

Tal requerimiento lo suscriben los aspirantes Ignacio Mendoza Jiménez, Dalila Campos Pineda, José Luís Jacinto, Gonzálo López Chávez, y, Dagoberto Padilla Sarmiento.

Toda vez que no se les permitió ingresar en bloque al Palacio Legislativo, donde pretendían desarrollar una conferencia de prensa, frente a la puerta principal dieron a conocer sus planteamientos.

Dalila Campos explicó que la copia de los documentos arriba citados les permitirá valorar las acciones jurídicas a emprender para que se deslinden responsabilidades entre los 40 legisladores.

Tanto ella como Ignacio Mendoza Jiménez, dejaron en claro que no tienen nada en contra del hoy fiscal general, Adrián López Solís, sino que el poder Legislativo tenía la obligación legal de impedir dentro del proceso se incurriera en presuntas violaciones procedimentales, ilegalidades e ilegitimidades.

«Estamos manifestando nuestro desacuerdo con todo el procedimiento, desde un principio lo fuimos advirtiendo, ahora lo que queremos es la información necesaria para determinar la cantidad y tipos de procesos que se van a ingresar, a efecto no sólo de lograr la nulidad sino si existen responsabilidades administrativas, políticas, penales, se finquen como debe de ser», recalcó Mendoza Jiménez.

Los entrevistados coincidieron al exponer que no impugnarían a López Solís sino el procedimiento que llevó a cabo el Legislativo.

CA