Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- El activista Miguel Álvarez Gándara, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, pidió al Senado de la República no aprobar la Ley de Seguridad Interior y pidió a las autoridades que amplíen el diálogo en la materia y cambien la estrategia de seguridad que no ha dado resultados.

La ley, que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, “significa darle a la emergencia la categoría de permanencia”, aseveró Álvarez, presidente de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Ante el presidente, Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios federales, el activista solicitó al Gobierno, Senado y partidos políticos que “profundicen el diálogo y la escucha”.

“Por el bien del país, no se cierren”

Asimismo, el activista animó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que, en “el deplorable caso que la ley fuera promulgada”, ejercite su capacidad reconocida por la Constitución para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) una acción de inconstitucionalidad que abra el camino para su invalidez.

Álvarez Gándara solicitó al gobierno hacer frente a la violencia con otra estrategia de seguridad “que no se base en la guerra ni el uso de las fuerzas armadas”, sino en una visión integral vinculada a la paz y a los derechos humanos.

Señaló que el país lleva diez años siguiendo una estrategia -emprendida por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), en el marco de la llamada guerra contra las drogas– con la que se piensa que “más fuerza es igual a más seguridad”.

“Pero la realidad nos muestra lo contrario; más fuerza termina generando más muertos, ciudadanos atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades”.

El premio de DDH agregó que, además de un nuevo esquema de seguridad, México necesita tener como prioritario un “profundo enfoque de paz”, que conllevaría avances en otros campos, con atención especial a colectivos vulnerables como defensores de derechos humanos e indígenas.

Junto con Álvarez, de quien se aplaudió su trabajo en la Comisión Nacional de Intermediación tras el levantamiento zapatista de 1994, también fue reconocida Lucía Díaz, fundadora del colectivo de búsqueda de desaparecidos “Solecito” y quien recibió una mención honorífica.

El Premio Nacional de Derechos Humanos consta de una medalla, un diploma y 250.000 pesos (13.202 dólares), de los cuales el activista donará una mitad al Movimiento por Nuestros Desaparecidos y el comité de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y la otra mitad a la organización Serapaz.

Con información de agencias

Omm