Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Salvador Arvizu Cisneros, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quien resulte responsable de presuntas amenazas e intimidaciones en su contra, durante la manifestación que transportistas protagonizaron la semana pasada en el Palacio Legislativo como medida de rechazo a la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público.
Dicha iniciativa de ley tuvo primera lectura el jueves pasado, pese a la presión que ejercieron trabajadores del volante al legislador proponente, Salvador Arvizu, para que la retirara del orden del día.
En entrevista, Arvizu Cisneros pormenorizó que la acción penal va en contra de liderazgos de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), a quienes atribuye la autoría intelectual del hostigamiento que ejerció un grupo de transportistas.
Manifestó que las amenazas anónimas vía telefónica no han cesado: "que me van a partir la madre donde me vean, que ya saben dónde vivo, y todo ese tipo de cosas, tratando de intimidar".
El petista advirtió que no retirará la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público, e hizo hincapié en que no existe conflicto de interés de por medio.
"No tengo cola que me pisen, no tengo nada que me pudiera denostar o evidenciar de que tengo alguna concesión", afirmó.
Por último, dio a conocer que a partir del 15 de enero de 2020 iniciará una serie de foros regionales de consulta sobre la iniciativa, a fin de que esté debidamente socializada entre los meses de mayo y junio.
"Tendremos que buscar la seguridad; si ellos (transportistas) quieren romper ese tipo de foros yo seguiré consultando a los ciudadanos, estudiantes, académicos, empresarios, que realmente lo quieran", planteó.
Objetivos de la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte Público:
1.- Recuperar para el estado, la rectoría y control del transporte público en Michoacán.
2.- Garantizar, por parte del estado, el derecho de las personas para trasladarse al trabajo, acceder al estudio y la salud con seguridad y dignidad.
3.- Atender el impacto ambiental que generan tanto los vehículos particulares como los del servicio público.
4.- Revertir las condiciones laborales de los choferes y operadores del transporte público, pues son vulnerables y no tienen derecho a un trabajo digno ni a prestaciones sociales.
5.- Lograr que el transporte y la movilidad se conviertan en una política social, económica y ambiental prioritaria para el estado.
6.- Crear por primera vez, una Ley de Movilidad y Transporte Público, con el marco jurídico para desarrollar una movilidad urbana, promover la participación ciudadana en defensa de dicho derecho, de una mejor vida para homologar y establecer lineamientos en los modelos de concesión y política tarifaria.
7.- Creación del Instituto de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte, mismo que contempla la integración de organismos sociales, en el que, de aprobarse, los ayuntamientos tendrían plena vigencia de los derechos y obligaciones que les otorga el 115 Constitucional en materia de Transporte Público.
8.- Regular las concesiones y permisos del servicio de transporte público, el transporte escolar, de trabajadores y de grúas.
Por: Sayra Casillas/R
