Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Demanda el antorchismo al congreso de Michoacán iniciar el procedimiento legal para suspender y, en su caso, revocar el mandato de Rubén Padilla Soto, presidente municipal de Hidalgo, informó Omar Carreón Abud, dirigente estatal.
En un documento dirigido a Pascual Sigala Páez y a Adriana Hernández Íñiguez, presidente del congreso de Michoacán y presidenta de su Junta de Coordinación Política (Jucopo), respectivamente, el comité estatal del Movimiento Antorchista proporcionó pruebas de que en el municipio de Hidalgo hay delincuentes peligrosos y que se están moviendo las instancias oficiales a las órdenes y bajo la influencia del presidente municipal, Rubén Padilla Soto, para distorsionar, desviar e impedir una investigación de los hechos apegada a derecho y, en su caso, impedir una sentencia. "Es, pues, imprescindible, separar del cargo a Padilla Soto para que se haga justicia", se indica en el documento que señala la asistencia de una numerosa comisión este miércoles, para entregarlo, mismo que se transcribe a continuación.
"Señor Diputado y Señora Diputada: Por medio de la presente nos dirigimos a su amable atención con el fin de solicitarles que de acuerdo a las facultades que la ley les otorga, se sirvan iniciar el procedimiento legal para suspender y, en su caso, revocar el mandato del C. Rubén Padilla Soto, Presidente municipal de Hidalgo, Michoacán.
"Fundamos nuestra petición en el hecho de que hay razones suficientes para considerar a este funcionario público como presunto responsable de hechos constitutivos de delito e iniciarle un proceso por la agresión armada que sufriera el Licenciado Víctor Gaytán Reyes, Presidente del Comité Directivo Seccional del Movimiento Antorchista en esa región. El pasado viernes 10 de los corrientes, al Licenciado Gaytán, le balearon con 84 impactos su vehículo estacionado a las afueras de su casa y a tres metros de donde se encontraba durmiendo, agresión en la que varios tiros perforaron las endebles paredes de la vivienda, además lo amenazaron de muerte.
"No nos queda ninguna duda de que para que se lleve a cabo un proceso justo es indispensable la separación del cargo del citado funcionario ya que, desde los primeros momentos posteriores al ataque, se puso en evidencia la parcialidad, la maniobra, la mentira y la amenaza de las autoridades a su cargo. Para la mejor fundamentación de nuestra solicitud, añadimos los siguientes elementos:
"Desde hace más de un año se conoce la agresividad de Padilla Soto en contra de los antorchistas que acuden a sus oficinas a solicitarle que resuelva sus necesidades de obras y servicios públicos, al grado de que en una ocasión intentó agredir físicamente a un ciudadano antorchista en el interior de su oficina. El hecho no necesita demostración ya que el edil lo aceptó y trató de explicarlo y de disculparse públicamente.
"Desde hace un año, también, se sabe que el edil advierte públicamente a los hidalguenses que no deben organizarse con el Movimiento Antorchista, que muestra rabia y desprecio hacia el dirigente agredido y que ha proclamado que no va a resolver ninguna petición encabezada por el Licenciado Gaytán porque, según él, "es originario del estado de México".
Hace dos semanas, un grupo de 110 comerciantes del centro histórico de Ciudad Hidalgo solicitaron el respaldo del Movimiento Antorchista y personalmente del licenciado Víctor Gaytán porque, para cumplir un proyecto suyo el edil Rubén Padilla pretendía desalojarlos del lugar que habían ocupado por muchos años y arrojarlos a un sitio en el que no había ninguna posibilidad de venta. Los comerciantes refieren que sus dirigentes tradicionales los abandonaron porque fueron comprados; plata o plomo, les deben haber dicho. El Movimiento Antorchista y el Comité Seccional que encabeza el licenciado Víctor Gaytán están apoyando decididamente a este grupo de comerciantes para que no se cometa con ellos una injusticia. Razón suficiente para exacerbar la cólera y la agresividad conocidas de Rubén Padilla.
Pese a todo lo dicho, a que el Licenciado Gaytán Reyes ha encabezado durante años las demandas de los hidalguenses más necesitados, a que tiene una vida pública ampliamente conocida y a que la defensa honrada y consecuente de sus compañeros le ha acarreado, como queda dicho, el odio y la inquina de Rubén Padilla Soto, el día de los balazos a su vehículo, le dejaron un cartón amenazándolo de muerte "porque vendes cristal". Se trataba claramente de ocultar el verdadero móvil, es decir, de tratar de esconder que se le agrede porque es antorchista.
Desde los primeros momentos posteriores al ataque, iniciaron las irregularidades, mentiras y amenazas por parte de la policía que ha nombrado Rubén Padilla Soto (ésta no pertenece al mando único) y son las siguientes:
La policía se presentó al lugar del ataque 10 minutos después de sucedido sin que ningún antorchista la llamara y encabezada personalmente por el director de Seguridad Pública, Leonardo Guevara de Ita. Hecho inusitado en casos de ataques auténticos del crimen organizado, más todavía si se toma en cuenta que la colonia en la que sucedieron los hechos se encuentra a las afueras de la ciudad.
Leonardo Guevara de Ita le dijo al director del Colegio de Bachilleres, al licenciado Alejandro Valencia Cerda, que es antorchista y que se encontraba ahí presente, que la policía acudía inmediatamente "porque la había llamado el director del Colegio de Bachilleres". Una mentira descarada.
Guevara de Ita manifestó también -sin que nadie le preguntara- que según su opinión se trataba de un plan bien pensado porque poco antes, a ellos (a los policías) los habían hecho acudir al poblado de Temendao "porque se habían escuchado unos tiros". En Temendao viven 320 familias, 260 son antorchistas y nadie escuchó ningún tiro. Otra mentira descarada.
En horas de la tarde de ese viernes 10, Guevara de Ita le envió un mensaje al Licenciado Gaytán en el que le decía: "Necesito hablar contigo urge, por favor noo andes solo". Una amenaza descarada.
El domingo 12 en la tarde, la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán, envío a los medios un boletín de prensa con el número 139/2017 en el que textualmente se afirma que "según la fiscalía regional, el afectado solicitó apoyo a personal de la Secretaría de Seguridad Pública…". ¿Quién, pues, solicitó el apoyo, el director del Colegio de Bachilleres o "el afectado"? ¿Por qué la fiscalía regional difunde versiones que no le constan? ¿Está coludida con los poderes locales?
