Interpondrá cinco quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (Foto: Sayra Casillas)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-  A un mes con un día de que abandonó el Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, el ex gobernador, Jesús Reyna García, anunció que procederá penalmente contra funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y en contra de una magistrada del Poder Judicial.

Además, interpondrá cinco quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal; una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y, acudirá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Lo anterior, al asumirse víctima de una privación ilegal de su libertad por cuatro años y casi nueve meses (fue aprehendido el 4 abril 2014) por una acusación por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin pruebas: “de manera infame y sin fundamento, sino por motivaciones políticas”.

Las Inconsistencias

En conferencia de medios, el oriundo de Huetamo sostuvo que en las primeras horas que estuvo en la SEIDO, colaboradores de la extinta Procuraduría General de la República armaron una averiguación previa y lo arraigaron, “en un acto ilícito armado por el Ministerio Público, así como por el juez que conoció de dicha solicitud”.

Evidenció que “supuestas inspecciones ministeriales, un manipulado video, dictámenes periciales y mi negativa a declarar, fueron utilizadas de manera amañada para ponerme en arraigo”.

Detalló que a pesar de que las pruebas fueron declaradas ilícitas por el Tercer Tribunal Colegiado de Toluca, en el amparo en revisión 98/2016, y se ordenó excluirlas del expediente, fue mantenido en arraigo más de 30 días.

En ese periodo, revisaron sus teléfonos, sus llamadas, sus correos electrónicos, cuentas bancarias, bienes, “y todo cuanto quisieron y no encontraron algún indicio o prueba de conducta indebida, de la comisión de un delito”.

Además, consiguieron tres declaraciones, “forzadas, contradictorias, con dichos falsos”, de testigos que en realidad no le hicieron imputación alguna.

Indicó que pese a ello fue consignado por delincuencia organizada. “El juez, en el término constitucional, ignoró los planteamientos de la defensa que reclamaba pruebas ilícitas, detención ilícita, no existencia de flagrancia, que calificara la detención, no lo hizo y dictó auto de formal prisión”. Dicha resolución fue apelada pero se confirmó 14 meses después.

En contra de lo anterior, Jesús Reyna interpuso un juicio de amparo ante un Tribunal Unitario y ocho meses después se le concedió para efectos de anular pruebas, “con lo que se destruían, fundada y legalmente, tres testimonios que eran las únicas pruebas para pretender fundar mi responsabilidad”.

Contra la concesión del amparo mencionado, ambas partes presentaron un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, que nueve meses después resolvió a favor del priista, pues fueron declaradas ilícitas “casi todas” las pruebas, aunque pervivieron los tres testimonios.

“Lo fundamental de ese amparo en revisión es que declaró que mi detención fue ilícita, que se dio fuera del marco constitucional y que se constituía en una detención arbitraria, también señaló que la flagrancia que el Ministerio Público argumentó para detenerme no existió; inexplicablemente no ordenó la libertad cuando es lo que procedía”, dijo.

Remarcó que el Tribunal Unitario que confirmó en apelación el auto de formal prisión tardó dos meses y medio en cumplir con la ejecución de ese amparo, aún y cuando la ley sólo le otorga un plazo de tres días.

“Pretextando dar cumplimiento a los efectos del amparo y sus lineamientos, a pesar de que declaró ilegal la detención y la no flagrancia, decretó nuevamente la formal prisión, en una aberración jurídica. Ante lo anterior, promoví un nuevo amparo y el proceso siguió su curso”, expuso.

El ex secretario de Gobierno en la pasada gestión de Fausto Vallejo, agregó que una vez que concluyó la etapa probatoria, cuatro años después y sin que el Ministerio Público pudiera aportar una prueba más, adicional a las declaradas ilícitas, este último presentó conclusiones acusatorias.

Compartió que una vez transcurrido el término en el cual se habría de dictar sentencia, la Procuraduría General de la República, bajo la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, analizó el caso, y, al advertir que no existieron pruebas para formular acusación alguna, presentó un desistimiento de la acción penal, por lo que un juez acordó favorablemente la petición y quedó absuelto.

“Sin dejar de reconocer que existen juzgadores, sean jueces, magistrados o ministros, que actúan con profesionalismo, lealtad a la justicia y apego a la ley; en mi caso debo lamentar la actuación displicente, complaciente, deshonesta de juez y magistrados que conocieron de mi caso”, evidenció, para luego anunciar que presentará los recursos legales arriba citados.

CA