Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la tarde se firmó el decreto de promulgación de los siete ordenamientos legales que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que operará a partir de enero del próximo año.
El reto, dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo, es avanzar en los indicadores de transparencia, revertir la mala percepción del estado en materia de corrupción, y, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones,
Se trata de las leyes de Responsabilidades Administrativas y Estatal Anticorrupción (de reciente creación); y, una serie de reformas y derogaciones a la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Orgánica del Poder Ejecutivo y la de Fiscalización, así como a los códigos Penal y de Justicia Administrativa.
Las adecuaciones aplicadas contemplan penalidades desde 20 años de cárcel, inhabilitación, amonestación pública, destitución y sanciones económicas para los servidores públicos que incurran en omisiones, irregularidades y/o delitos.
La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde titulares de los poderes legislativo y ejecutivo coincidieron en la necesidad de que sean eliminadas las cuotas partidistas y de cualquier otro sector, para que este esquema sea realmente efectivo en el combate a la corrupción que, a decir de Silvano Aureoles, impide avanzar en el fortalecimiento de la democracia, genera un ambiente adverso para la gobernabilidad y resta confianza de la ciudadanía en el actuar de las instituciones.
Al advertir que Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en corrupción, calificó de inaplazable la implementación de soluciones estructurales no coyunturales en las que no se administre el derecho para hacer lo propio con la justicia, sino que quienes incurran en un acto de corrupción lo paguen, incluidos funcionarios del presente, pero también exservidores públicos.
Se pronunció porque la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) adquiera autonomía y se eliminen las cuotas partidistas en las distintas áreas que la integran, aunque ello, recalcó, no sea fácil por la misma integración del sistema que rige al legislativo.
Sobre ese mismo tenor coincidió el presidente del Grupo Plural de Trabajo, Mario Armando Mendoza Guzmán, de la siguiente forma: "El sistema estatal debe ser de los ciudadanos, y tenemos una gran responsabilidad los actores políticos y los funcionarios de que así sea, pero también yo he señalado de manera muy clara que no debe haber reparto de cuotas de partidos, de grupos sociales, sindicales, empresariales o culturales… y el compromiso para que esto funcione es de todos".
Agregó que una tarea sustantiva será informar a funcionarios públicos de los tres poderes sobre los pormenores de este marco jurídico para que conozcan sus atribuciones, los delitos que se persiguen, las sanciones que se implementan y los derechos que se otorgan a los ciudadanos.
A su vez el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Pascual Sigala Páez, admitió que la sociedad en su conjunto demanda que no se repitan más historias de desfalcos financieros sin responsables.
"Ya era momento de contar con un marco normativo que no permita resquicios legales que amparen más actos de corrupción, es tiempo de revertir la mala percepción social hacia la clase política, y acabar con la resistencia de algunos funcionarios de rendir cuentas. Los problemas de corrupción e impunidad que tenemos en el estado, no son un tema de percepción, son en todo caso retos estructurales y sistémicos, derivados de causas y factores de enorme complejidad y profundidad, que requieren ser resueltos mediante un cambio de paradigma, también de estructura, ligado necesariamente al compromiso social de no abonar a la corrupción y denunciar a todos los funcionario que no están haciendo bien las cosas", afirmó.
Enunció que en el transcurso de los próximos meses se emitirán las convocatorias para los nombramientos del fiscal anticorrupción, el auditor superior, secretario de la Contraloría, el presidente de Transparencia, y los titulares de los órganos internos de control municipal, los cuales obligan a procesos de selección "pulcros".
Se pronunció por perfiles sin cuestionamientos y apegados a los principios de honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia, pero sobre todo sin cuotas partidarias. "Es uno de los elementos centrales para recomponer a este país y este estado que tan lastimados están, esta es la oportunidad para demostrar que hay una clase política diferente, esta es la oportunidad para que tome su espacio la sociedad civil", añadió.
En mensaje breve, Gilberto Bibriesca Vázquez, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, recalcó que el desarrollo económico, al cual se aspira, sólo será posible si se logra dar certidumbre jurídica a los ciudadanos a través del imperio de la ley.
jcms
