Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta contingencia sanitaria por el Covid-19, visibiliza que en Michoacán y en el país se debe ampliar la protección a las mujeres jefas de familia, para garantizarles por Ley, su protección al trabajo, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado.
La diputada resaltó que, es urgente que se implementen acciones emergentes y políticas públicas que ayuden a las mujeres, durante y después de esta contingencia por el Covid-19, ya que el impacto económico que esta situación va a dejar será devastador, por ello la importancia de esta iniciativa.
"Es complicada la situación que están viviendo desde sus hogares y la falta de trabajo o sustento económico, es también una forma de violencia contra la mujer, por lo que debemos fortalecer nuestra legislación".
Con esta reforma, Araceli Saucedo propone que se implementen y fortalezcan las políticas públicas en materia laboral, en beneficio de las mujeres jefas de familia en situación vulnerable en Michoacán.
Además, se instruye a elaborar el proyecto de Programa Estatal con sus Ejes de Acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal.
Se establece que se debe considerar dentro del Programa Estatal, un plan de apoyo emergente de desempleo en beneficio de mujeres jefas de familia en situación vulnerable, otorgando un seguro de desempleo, cuando por causas de fuerza mayor o ajenas a su persona, no puedan desempeñar sus actividades laborables.
"Lo anterior se realizará de acuerdo a las condiciones presupuestarias del Ejecutivo del Estado, quien determinará los lineamientos bajo los cuales deberá regirse el programa de apoyo", subrayó Araceli Saucedo.
Se deberá registrar e integrar los programas y los modelos estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración Pública Estatal y Municipal.
De la misma forma, se tendrá que impulsar la armonización jurídica en materia de violencia de género contra las mujeres, en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales, así como establecer los indicadores de desempeño para la evaluación de la Administración Pública Estatal y sus servidores públicos en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.
Aunado a impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia; refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, así como centros de atención psicológica y reeducación a los agresores evaluando las formas y modalidades del abordaje psicoterapéutico, entre otras acciones.
Boletín/PO
