Michoacán se encuentra entre los 11 estados que enfrenta rezagos en personas que no tienen acta de nacimiento (Foto Cortesía)

Morelia, Michoacán (Boletín).- El derecho a la identidad, es un derecho humano fundamental y necesario para poder beneficiarse de otros derechos, afirmó la diputada Yarabí Ávila González, al presentar la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán y al Código Familiar del Estado, para que sea contemplado de manera explícita en dichas leyes.

Tras reconocer la voluntad de la administración estatal que encabeza el gobernador Silvano Aureoles Conejo por generar condiciones de igualdad, no discriminación y acceso al derecho a identidad a los michoacanos, en la ley de Ingresos del Estado para no cobrar la expedición de la primera acta de nacimiento, expresó que es necesario garantizar que sea permanente y no se deje abierta la posibilidad a posteriores administraciones llevar a cabo dicho cobro.

Por esta razón, explicó la diputada que se propone homologar la Constitución local con el Pacto Federal, y establecer que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

También se propone garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso a la educación, y que la falta de documentación que acredite la identidad de las niñas, niños y adolescentes no sea impedimento para el acceso al sistema educativo.

Ávila González refirió que de acuerdo con el INEGI, Michoacán se encuentra entre los 11 estados que mayores rezagos enfrentan en personas que no tienen acta de nacimiento. Pero además, siete entidades presentan al menos un municipio con un porcentaje total de no registro mayor al 2% de su población, Michoacán tiene a Tancítaro ubicado en la región Purépecha de Michoacán con 4.4% de la población que no tiene acta de nacimiento.

Ante esta situación consideró urgente establecer los mecanismos legales que protejan a niños y niñas y el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público y hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, a formar parte de una familia y la sociedad.

PO