Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tipificar el uso indebido de los medios de comunicación de emergencia y sancionar la infracción con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 520 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), propuso al pleno del congreso local, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Wilfrido Lázaro Medina.
En tribuna el legislador detalló que de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSNSP), de manera mensual se realizan un promedio de 10 millones de llamadas para reportar una emergencia, de las cuales 90 por ciento resultan ser falsas, lo que representa que un millón son reales.
Indicó que de dicho millón de llamadas, 13 por ciento tiene relación directa con emergencias médicas: "nos referimos a 130 mil llamadas mensuales, las que estos protocolos permitirán salvaguardar la vida".
Asimismo detalló que la Cruz Roja ha referido que 50 por ciento de las llamadas son falsas y ascienden a una pérdida por el orden de 13 mil millones de pesos anuales, pues la movilización por ambulancia es de tres mil 500 pesos.
Lázaro Medina precisó que dichos datos evidencian la necesidad de absorber esos costos cuando debieran destinarse a las labores propias de esa institución. Lo mismo sucede con policías, bomberos y fuerzas armadas, en las que se ve afectada también la posibilidad de atender la demanda de emergencias reales, con las consecuentes pérdidas materiales y lo más grave aún, pérdidas humanas.
"Dichos gastos de cada emergencia se destinan en pagar el sueldo del personal, paramédicos, conseguir el equipo de emergencia y abastecer de combustible la unidad en la que se trasladan en atender una emergencia médica", indicó.
Precisó que al tomar en cuenta los datos publicados por la Cruz Roja, el daño patrimonial debe ser alarmante, con lo que se afecta no solamente la economía de las corporaciones de emergencia, sino se pone en riesgo la vida de ciudadanos que realmente requieren de la atención oportuna.
Ante ello señaló que no es posible tomar la conducta irresponsable asumida por niños, adolescentes y hasta adultos, como simples travesuras. "No, es imperativo sancionar las mismas en gravedad de lo que su cometimiento puede ocasionar a terceros".
