Morelia, Michoacán (Boletín).- Es una realidad en Michoacán la protección y salvaguarda de los derechos de los migrantes, con la publicación en el periódico oficial de la nueva Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias, en la cual se establecen sanciones a las autoridades que violen los derechos de dicho sector, manifestó la diputada panista, Macarena Chávez Flores, presidenta de la Comisión de Migración en el congreso del estado.
La vicepresidenta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, celebró la reciente publicación de dicha normativa, que entre otras particularidades, se destaca la obligatoriedad de crear el Banco de Datos de Migrantes en el estado de Michoacán, con la finalidad de registrar a todo migrante, así como a los jornaleros agrícolas.
Precisó que con el objetivo de garantizar el respeto pleno de los derechos de los migrantes y sus familias, ahora estos podrán denunciar cuando se violen los mismos por parte de los órganos del estado, para lo cual se crea la Unidad para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y sus Familias, dependiente de la Secretaría del Migrante, como órgano facultado para instruir procedimiento de responsabilidad, en estos casos.
Asimismo, Chávez Flores indicó que con la publicación de la ley, el poder ejecutivo tiene la facultad de emprender acciones y políticas públicas que generen proyectos de inversión a migrantes que retornan a la entidad; además, se norma las Casas Michoacán, para regular la atención a los migrantes michoacanos fuera del territorio estatal, "con ello, se da cobertura tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero de la protección de los connacionales".
Para concluir, la diputada panista resaltó que esta normativa sin duda alguna marca un precedente en protección de los derechos de los migrantes, lo que pone a la vanguardia al estado en la materia, ya que garantizar el derecho a la identidad mexicana; el acceso a la educación a los migrantes y sus familias en retorno y a distancia; así como da protección de la integridad y patrimonio de los migrantes y sus familias al ingresar al territorio mexicano, siempre anteponiendo el bienestar y beneficio de los ciudadanos.
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