Debe recordarse que mediante el derecho de acceso a la información (DAI) las personas acceden a los documentos creados por las autoridades en ejercicio de sus facultades. Estos documentos pueden ser oficios, escritos, grabaciones, archivos electrónicos, en fin, toda la información en posesión de las autoridades que se genera día con día.
De esta forma, a veces estos documentos son útiles para las personas cuando quieren acreditar algo.
En ese orden de ideas, los órganos garantes (como el IMAIP) conocen muchos casos en los que las personas presentan solicitudes para acceder a documentos que les servirán como pruebas en diversas cuestiones.
Entre los casos más recurrentes está la solicitud de expedientes de obra, pues con estos documentos una comunidad especifica analiza que aquella se esté desarrollando conforme a lo planeado, en los tiempos y con los recursos públicos otorgados. Esta información servirá de prueba documental.
También se solicita, frecuentemente, estadísticas de los resultados de la implementación de programas sociales, lo que permite conocer si el programa es verdaderamente útil para la sociedad y si vale la pena el recurso público erogado en él.
De lo anterior se advierte la utilidad del derecho de acceso a la información y, también, que esto no sólo beneficia a quien solicita la información, es decir, como puede advertirse de los ejemplos, una solicitud beneficia a toda una comunidad, incluso a todos los michoacanos, lo que les permite participar y exigir activamente en relación con la toma de decisiones de las autoridades, cuya finalidad es que a la brevedad posible estos puntos de acuerdo sean tomados en conjunto.
Por eso es importante hacer uso del DAI, el cual nos da el derecho de obtener pruebas con la presentación tan sólo de una solicitud de acceso a la información que, incluso –ya se ha analizado en esta columna– puede ser anónima.
