En el escenario político nacional y de cara a las elecciones intermedias de este 2021, existen dos grupos más o menos bien diferenciados: por un lado, el grupo «oficial» en tanto es gobierno, integrado por los partidos Morena, PT y PVEM, que hacen grupo en torno al presidente de la República, gobernantes locales y arropados por diferentes grupos de interés. Por otro lado, el grupo opositor, integrado por las organizaciones PAN, PRI y PRD, también en torno a diversos gobernantes locales e igualmente con respaldo de distintos grupos de interés.

Una primera reflexión en torno a esas alianzas, es que los partidos políticos de los dos distintos grupos antagónicos, cada uno por su lado y aunque no lo digan públicamente, han reconocido que en lo individual carecen de la fuerza necesaria para lograr sus objetivos políticos en estas elecciones; y además, al coaligarse con ciertos y determinados partidos políticos, han confesado la necesidad que tienen los unos de los otros.

Adicionalmente, cada uno de esos grupos opuestos, con esas coaliciones han mostrado claramente que la razón de fondo de unirse es de naturaleza práctica: lograr sus objetivos políticos, como por ejemplo es ganar la mayoría simple o calificada o impedir una cierta mayoría simple o calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No es una coalición «espiritual» sino pragmática, que dicho sea de paso, la Constitución y la ley permiten, allende la ética.

Aunque en un exceso de «simplismo», el análisis del contexto en el cual se «enfrentan» electoralmente los dos grupos identificados, lleva a la hipótesis de que los votantes emitirán el sufragio motivados en todo o preponderantemente por el buen o mal actuar del gobierno federal, eso no es así.

La realidad es que la variable del gobierno federal y su desempeño sí inciden, como también afectan al voto los programas sociales que se convierten en depósitos en dinero a favor de grandes grupos de población -sin prejuzgar sobre su bondad- y el control de los medios oficiales nacionales que tiene el gobierno de la República; pero es claro que los gobiernos locales y municipales, así como el desempeño de los diputados que buscan su reelección y los perfiles de los candidatos, también influyen desde el orden local, sin mencionar los desencuentros intra e inter-partidarios que igual influirán en el voto.

Y hay que tener en cuenta que la población, como ocurre con los gobernantes, los partidos y grupos de interés, también se encuentra polarizada, pero que existe un tercer grupo poblacional que no es «fan» o partidaria de un grupo o de otro, sino que está indeciso si votará y por quien lo hará, en su caso; pero lo que sí es común a toda la población es la alta sensibilidad que ha desarrollado, en especial a partir de la pandemia. Es un voto volátil.

Entiendo que, con sus más y sus menos, en general ese es el panorama de cara a las elecciones de 2021 y que el interés de los grupos es realizar sus objetivos políticos: ganar el mayor
número de cargos posibles en competencia, aunque en la opinión pública se ha venido colocando, no sin razón, como objetivo fundamental hacerse del control de la Cámara de Diputados Federal y es cierto, ese es el objetivo toral, para unos y para otros, sobre todo por lo que ha de gravitar para lo que resta del ejercicio de la actual administración presidencial y por lo que significará para la próxima elección de Presidente de la República.

Pero, ya con los ojos de ciudadano ¿Qué es lo que se quiere al elegir a un diputado federal?

Aunque para los grupos en contienda, parece lo más lógico suponer que buscan diputados que sean disciplinados a las líneas que marquen cada uno, no es tan seguro que los ciudadanos quieran eso y me refiero en especial a las personas que aún no tienen claro cuál será el destino de su voto.

A mi entender, todo comienza por conocer que un diputado tiene muchas atribuciones como son legislar (proponer, discutir y aprobar leyes ordinarias casi en cualquier materia y reformas constitucionales) controlar al Poder Ejecutivo Federal (por ejemplo, al revisar la cuenta pública anual) aprobar nombramientos (como el del Secretario de Hacienda) y una muy importante: aprobar el presupuesto de egresos de la Federación de cada año.

Después, sería conveniente preguntarse si la persona que es candidata a diputado federal posee las cualidades necesarias para el puesto: ¿Es una persona honesta, honrada, trabajadora, sincera?
¿Tiene una formación escolar adecuada y, si no la tiene, procuraría conocer y prepararse en lo posible para ejercer como Diputado?

¿Tiene experiencia público y/o legislativa previa? ¿Lo hizo de una manera aceptable?

Y de manera muy relevante: ¿Es una persona que representa o representará justificadamente intereses legítimos?

Hoy en día, obtener información en la red o con terceros sobre las preguntas anteriores, no es tan difícil y eso ayudaría a tomar la decisión de cómo y por quién votar.

En lo particular, me parece que se debería buscar a una persona que en estándares normales -no extraterrestres- fuera honesta, honrada, trabajadora, sincera, que tenga una formación adecuada al cargo o al menos sea una persona con la disposición de aprender los rudimentos técnicos de la función legislativa, que tenga experiencia pública y/o parlamentaria -aunque no haya sido legislador- que haya tenido un buen desempeño y que represente intereses legítimos de buena manera, con la intención de que pueda decir sí, cuando así conviene a los intereses del país y que pueda decir no, cuando no convenga, y créame esto último es algo no tan fácil, porque los partidos y los grupos de interés ejercen presiones sobre los legisladores y su evolución; pero sé de primera mano de legisladores que han tenido el valor de seguir sus convicciones, aún en contra de la línea marcada por sus líderes.

Así que, a mi entender, el tipo de legislador que se busca en este proceso electoral, es, en dos palabras, a un «legislador democrático».