atentado Morelia
El 15 de septiembre de 2008 la cantera rosa de esta ciudad se manchó de sangre al sufrir un atentado en la Plaza Melchor Ocampo en el Grito (Foto: Sayra Casillas)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Casi doce años después, seis familias michoacanas, víctimas de los granadazos de 2008 en el Centro Histórico de Morelia, fueron inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) lo que les permite tener acceso a medidas de ayuda y asistencia e iniciar el trámite para la reparación del daño, derivado de un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Una vez inscritas en el Renavi, estas personas (alrededor de 15) que aún sufren secuelas físicas por las esquirlas de las granadas que tienen en su cuerpo o por lesiones que les generaron una discapacidad permanente, además de daño psicológico, adquirieron el derecho a recibir apoyo para gastos médicos y atención psicológica, en tanto dura el proceso de reparación del daño.

Con este precedente, más víctimas de este suceso, considerado el primer acto terrorista contra la población civil ocurrido en México, iniciaron el trámite para también obtener dicho reconocimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal.

Fue en el 2018, al leer una nota periodística publicada en este medio de comunicación, cuando la maestra en Derecho, Reyna Velasco Guerrero, se enteró de la situación que enfrentaban hombres y mujeres afectados física y psicológicamente por los granadazos del 15 de septiembre, sin recibir hasta ese momento medidas de ayuda y asistencia de la federación, pese a ser víctimas de un delito de su competencia.

Al establecer contacto con algunos de ellos, señaló la abogada en entrevista exclusiva, le refirieron que ya recibían asesoría de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para obtener el registro ante la CEAV nacional, pero no percibían ningún avance, motivo por el cual concertaron la asesoría particular.

«Como ellos (los afectados) nos refieren que ya habían llenado formatos para que la Comisión Ejecutiva estatal los hiciera llegar a la Comisión Ejecutiva federal y los registraran como víctimas, lo primero que hicimos fue solicitar el número y copia de los expedientes que se integraron, pero el organismo estatal nos refiere que no tiene nada porque era competencia de la CEAV, ante cuya delegación en Michoacán hicimos la misma solicitud, pero nos responden que desconocen de la existencia de las víctimas y no tienen tampoco ningún expediente», relató.

Lo anterior motivó a solicitar ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre el número del proceso penal radicado a un juez de Jalisco, a quien solicitaron ordenar a la CEAV que registrara a las seis familias como víctimas, petición que les fue negada, porque en ese entonces el proceso estaba en amparo, promovido por los presuntos responsables.

«Tuvimos que esperar a que saliera la resolución del amparo, obviamente la fiscalía promovió recurso de revisión porque no estuvo de acuerdo con la decisión que se tomó y a nivel Tribunal Unitario volvimos a solicitar el registro, pero la respuesta fue la misma», refirió.

La profesionista aclaró que previamente habían hecho la solicitud del registro directamente ante la CEAV, instancia que negó el reconocimiento, razón por la cual se promovió un amparo con resolución a favor, misma que fue recurrida por el organismo con un recurso de revisión que todavía está en proceso.

Destacó que en febrero de este año tuvieron acercamiento con el área de procesos en la Fiscalía General de la República, que tiene la facultad de reconocer la calidad de víctimas y solicitar el registro ante la CEAV, lo que derivó en un acuerdo a favor de las víctimas solicitantes, mismo que se concretó en marzo y finca un precedente a favor de otros afectados.

Por: Sayra Casillas/rmr