El federalismo en México ha sido una máxima prácticamente inamovible de nuestra historia constitucional, a excepción de la de 1836. Ésta forma de organización del Estado, que guarda entre sus principales características la distribución de competencias entre la federación y los estados que la conforman, ha perdurado sin prácticamente ninguna oposición que llevara a adoptar al menos nominalmente un modelo distinto.

En todo caso, los cuestionamientos recientes que no rebasaran los treinta años, han versado sobre su falta de aplicación, al funcionar con claros rasgos centralistas, y cuyas relaciones entre la periferia y el centro han dependido fuertemente del proceso de democratización.

Por lo que una vez entrado al ejercicio de libertades y derechos políticos, el voto se situaría como el instrumento que haría posible la distribución del poder público, llegando así los primeros gobiernos de la alternancia; desde la periferia. Que revelaban entre otras cosas, la inoperancia administrativa del esquema federal, que sin los recursos económicos para los estados hacía prácticamente inviable su autonomía, incluida la de los propios municipios.

Con la apertura del sistema político y sin el arropo del partido en el gobierno, si bien todavía dominante, se haría visible un fenómeno de concentración del poder en manos de los ejecutivos locales, ahora desprovistos de la mano presidencial que hasta entonces contenían sus excesos. Comenzaría una nueva etapa de tensión entre la periferia y el centro, desde el último sexenio priísta, el de Ernesto Zedillo y acentuándose en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Frente a ello, en los primeros años del sexenio del Presidente Enrique Peña, a iniciativa del propio Ejecutivo y con apoyo de las principales fuerzas políticas en el Congreso, inició vía el procedimiento de reformas legales y constitucionales la conformación de sistemas e instituciones nacionales, y que han derivado en ordenamientos de carácter general. Teniendo lugar a lo que en 2014 describí como un proceso de recentralización del poder, que sin modificar el esquema federalista ceñido en la Constitución, limita la función de las instituciones estatales, otorgando mayores facultades a la federación.

Entre las reformas con estas características destacan la electoral, en transparencia, derechos humanos, educación, y recientemente en el tema de anticorrupción, por mencionar algunos ejemplos. Empero de las cuales debe advertirse surgen del diagnóstico común de una institucionalidad local fuertemente lesionada por el poder desmedido de sus gobernadores, sí bien no generalizado, sí cuyos deshonrosos ejemplos ilustran con creces un fenómeno altamente perjudicial para el desarrollo democrático de los estados y del país por su puesto; ahí Javier Duarte en Veracruz y Guillermo Padrés.

A la vera de aprobarse el presupuesto  de egresos 2017, que disminuye los porcentajes de recursos públicos para los estados y municipios. Éste se suma a un proceso que ya mencionaba; ha tendido a la centralización, al fortalecer las instituciones nacionales en detrimento de las atribuciones de los estados.

El proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año prevé además de las reducciones para los estados en temas como educación y programas sociales, entre otros, presenta recortes para los municipios, como disminuciones del cien por ciento en cuando menos diez programas del ramo 33.

El tema es de la mayor importancia, y desde los estados, han surgido voces que buscan modificar el proyecto de presupuesto a favor de mayores recursos para los estados y municipios, en particular la de los gobernadores del PRD, quienes han unido fuerzas en éste propósito, y de las que han derivado diversos pronunciamientos en los estados, incluyendo diputados locales priístas como es el caso de Michoacán, una marcha en la Ciudad de México y encuentros con diputados federales y con el propio Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Pese a que se ha señalado se trata de una reducción generalizada en el proyecto de presupuesto; el Partido de la Revolución Democrática denunció un sesgo partidista en la distribución de los recursos para los estados, que perjudica a entidades gobernadas por la oposición, como la ahora Ciudad de México, Michoacán y Morelos. Mientras que, el Estado de México, por ejemplo en materia de infraestructura y comunicaciones, recibirá el 40% del monto total asignado a las entidades en éste rubro, entidad que no está de sobra advertir tendrá elecciones el próximo año, para renovar el Ejecutivo local.

Al respecto, hace un par de semanas el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señalaba la necesidad de replantear la Ley de Coordinación Fiscal, a partir de una distribución inequitativa de los recursos; en tanto del 20 por ciento que corresponde a estados y municipios, alrededor de 16 centavos se destina a los estados y los 4 restantes para los municipios.

La propuesta es provocadora en términos de replantearnos la efectividad del federalismo, que sí bien tiene como contra argumento los excesos de los gobernadores, ésta refederalización desde la periferia debe ir acompañada del fortalecimiento de las instituciones estatales y de hacer prevaler los equilibrios democráticos que suponen; entre otras cosas, un contrapeso real de los legislativos locales, la independencia del poder judicial y los organismos constitucionales autónomos, mecanismos efectivos de rendición de cuentas, auditorias estatales efectivas, entre otras.

A Carmen por su medio siglo, con inmenso amor.