Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Incrementar el número de visitadurías regionales, efectuar un diagnóstico preliminar, implementar una auditoría, capacitar al personal, acelerar los procesos de investigación para abatir el rezago en la resolución de quejas, y, establecer mecanismos de riesgo para emitir medidas cautelares oportunas, fueron algunos de los planteamientos que 21 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hicieron ante diputados este miércoles.
De 27 perfiles registrados inicialmente, 21 de ellos cumplieron con los requisitos plasmados en la convocatoria para el proceso de selección y fueron los que presentaron sus planes de trabajo en un formato de comparecencias públicas ante integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia.
Aunque hubo aspirantes que llevaron "porra", las 21 comparecencias programadas se llevaron a cabo sin incidencias, más allá de que el tiempo de 15 minutos otorgado a cada participante para efectuar su exposición y responder preguntas de los congresistas se rebasó en la mayoría de las presentaciones.
El primero en arribar al salón de Recepciones del Palacio Legislativo fue Alejandro Díaz Pérez, quien consideró que el principal problema que hoy aqueja a la CEDH es que no se cumplen las recomendaciones que emite.
Froylán Melesio Vázquez Aragón, Marco Antonio Tortajada Zamora, y, Reyes Antelmo Esparza Verduzco, hicieron especial énfasis en que la Comisión debe atender de manera prioritaria a la población vulnerable, principalmente a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, adolescentes, niños, mujeres, indígenas, migrantes, y,¿ comunidad diversa sexual.
David Daniel Romero Robles, comunero de Cherán opinó que ésta ha dejado de lado los derechos colectivos, y, desde su óptica es necesario visibilizar las violaciones a derechos humanos.
El exsecretario del Ayuntamiento de Morelia, dio lectura a una presentación en la que se pronunció por la elaboración de un diagnóstico sobre la situación actual del órgano e impulsar una serie de reformas al marco legal.
Luis Ventura de la Rosa Orozco, el único representante del sector de las personas con discapacidad, consideró que la CEDH no puede seguir administrando los derechos humanos sino defenderlos y hacerlos progresivos.
Ángel Botello, actual director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento en el organismo habló de priorizar problemáticas relacionadas con la trata de personas, los desplazamientos forzados, la tortura y las desapariciones. Desde su óptica no basta con que la comisión sea conciliadora, sino que debe garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Antes de iniciar su presentación, el extitular del extinto Itaimich, Ricardo Villagómez Villafuerte, mostró a los congresistas una serie de documentos para dejar en claro que no está inhabilitado para ocupar un cargo público y tampoco milita en un partido político. Él habló de la necesidad de que el órgano actúe con transparencia.
Gerardo Andrés Herrera Pérez, quien también se ha desempeñado como funcionario en la CEDH, externó la necesidad de que el ombudsman michoacano deje la comodidad del escritorio y esté más cercano a la gente. Manifestó que promovería una auditoría al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como la profesionalización de los recursos humanos.
Luis Alberto Montaño García consideró necesario que se instrumenten guardias las 24 horas de los 365 días del año en las visitadurías regionales, mismas que desde la óptica de Víctor Villanueva Hernández deben incrementarse a diez.
El exconsejero Marco Antonio Tinoco Álvarez evidenció que los trámites para la presentación de una queja son "engorroso" y eso revictimiza al denunciante, que ante la falta de un área de Quejas y Seguimiento en las visitadurías se ve obligado a trasladarse hasta Morelia.
Juan Plancarte Esquivel dijo que ser nombrado titular de la CEDH la perfilaría más cercana y cálida con la gente, postura similar a la de Guillermo Arteaga Torres; mientras que Lorenzo Corro Díaz, exfuncionario en la misma, puso en evidencia que existe un rezago del 80% en la resolución de quejas, y, el 90% de las que son resueltas tiene reporte de extemporáneas o fuera de término. Aseguró tener una estrategia para abatir este problema.
Entre los 21 aspirantes sólo comparecieron tres mujeres: Marx Aguirre Ochoa, Elvia Higuera Pérez y Laura Elizabeth Sosa Zaragoza. Las dos primeras propusieron implementar el servicio profesional de carrera y aplicar medidas de austeridad, incluso con un recorte del 30 por ciento al salario de altos funcionarios, tema que replicó Gerardo Herrera.
Sosa Zaragoza indicó que se tienen que evaluar los convenios y acuerdos que suscriba el órgano protector de los derechos humanos, así como reforzar la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, siempre con perspectiva de género.
Gerardo Ponce de León Valdez, actual colaborador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con licencia sin goce de sueldo, hizo un balance negativo sobre las recomendaciones que se emiten a las autoridades, en contraste con las quejas que recibe la CEDH cada año.
Dijo que en el 2016 se presentaron más de dos mil 400 quejas y se emitieron 120 recomendaciones; en el 2017, dio trámite a dos mil 241 y emitió 120 recomendaciones; en el 2018, de dos mil 357 quejas, se reportan 76 recomendaciones; y, en lo que va del 2019, con dos mil 332 quejas se informan 84 recomendaciones.
Elvia Higuera también hizo hincapié en el rezago existente en los procesos de investigación de las quejas, y, planteó establecer criterios de riesgo para la implementación de medidas cautelares urgentes.
Las comparecencias culminaron cerca de las 16:30 horas con la participación del especialista en derechos humanos, Jean Cadet Odimba, quien habló de aplicar una reingeniería a la CEDH, pues desde su perspectiva requiere "refrescarse" en función a las necesidades actuales de la sociedad.
Con énfasis en que "nadie puede ofrecer algo que no tiene", el académico manifestó a los legisladores que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos requiere de un titular con conocimiento probado en la materia, así como de establecer un periodo máximo de tres meses para la resolución de quejas.
Al concluir las comparecencias, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Teresa Mora Covarrubias, informó que en conjunto con los integrantes de la comisión de Justicia definirán el procedimiento para evaluar a cada uno de los aspirantes y definir la terna que será turnada a votación del Pleno del Congreso local.
"Dentro de los parámetros que enlistamos en los formatos fue que tuvieran dominio de su plan de trabajo, experiencia rotunda en el tema de derechos humanos, claridad de la posición que van a tener el presidente de la comisión", explicó.
La petista agregó que, por otro lado, la Junta de Coordinación Política está en el proceso de deliberación sobre el día en que habrá de convocar a sesión, con la posibilidad de que ya se vote la terna que están por definir.
"El actual presidente Víctor Serrato termina su mandato el 8 de diciembre, pero no pasa nada si una vez que él concluye su mandato se tarda la comisión algunos días en la determinación", apuntó.
Por: Sayra Casillas/RMR
