Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En voz de la presidenta de la Comisión de Migración, Macarena Chávez Flores, fue presentada la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias, para lo cual se reunieron alrededor de 14 organizaciones de paisanos, así como jóvenes estudiantes indocumentados, conocidos como "dreamers" para dar su respaldo a esta iniciativa.
La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) leyó ante el pleno del Congreso el contenido de este proyecto que promueve y garantiza los derechos humanos, al valorar y respetar su condición de migrante; impulsa políticas públicas a fin de garantizar su desarrollo con dignidad; así como impulsa que la calidad de migrante no sea objeto de discriminación.
En la sesión del Congreso en la cual desde tribuna también dio un pronunciamiento en torno al Día del Migrante Michoacano, Chávez Flores celebró que las instancias gubernamentales pongan de manifiesto que la migración es y seguirá siendo una prioridad para Michoacán.
Explicó que con esta ley -turnada a la Comisión que preside- se incorporan nuevos derechos para los migrantes, como recibir acompañamiento para acceder a los programas u obtener recursos ante instancias nacionales, sean federales, estatales o municipales, así como internacionales, -públicas o privadas- el derecho a la identidad; a tener acceso a una estrategia de integración social, cultural y laboral también para los que regresan al estado.
De la mano de estas garantías, se incluye además el derecho a ser consultados y participar en temas relacionados con la migración para la integración y ejecución de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipales, entre muchos otros.
Asimismo, la legisladora destacó que estos derechos se harán extensivos a las familias de los michoacanos radicados fuera del país, con el fin de atender la realidad provocada por el fenómeno migratorio, donde por la ausencia de un respaldo legal se vulnera a sus familiares.
Por último, Macarena Chávez consideró fundamental que esta ley instituye la atención de este sector poblacional como una responsabilidad compartida entre todos los órganos del estado, para la defensa de los derechos de los migrantes y sus familias.
