A partir de la década del 2000, el tema de los derechos humanos ha evolucionado considerablemente en las diversas áreas del sistema jurídico mexicano, en donde se ha marcado un nuevo panorama en pro de las libertades y derechos del gobernado.

El primer gran logro en esta materia lo encontramos en el año 2008, con la mal llamada reforma de los juicios orales. Esta reforma tiene su génesis en el año 2003, cuando se presenta en primer momento una iniciativa que tenía como objetivo reformar el sistema de justicia para adolescentes. Es pues que la reforma al sistema de justicia penal de 2008 es una gama de iniciativas que en su momento no fueron aprobadas, o desechadas, pero que una vez que se unifican se da la reforma de 2008, consolidándose como tal y trazando una nueva ruta más garante de los derechos humanos dentro del sistema jurídico mexicano.

El actual sistema de justicia acusatorio-adversarial, que impera ya con toda plenitud en todo el país, de origen presentó grandes fallas, derivado de que fue una reforma que se discutió y aprobó en un lapso muy corto. Por ello, de origen esta reforma era deficiente.

Dicho sistema se ha ido subsanando, por el quehacer del Poder Judicial Federal, mediante las diversas sentencias que ha emitido por los diversos medios de control constitucional, ya que han interpretado las leyes penales con la Constitución y tratados internacionales, buscando limitar las arbitrariedades del Estado frente al gobernado en los procesos penales.

Ahora bien, estos pequeños logros que se han dado en el sistema acusatorio-adversarial están en peligro a causa de las iniciativas que fueron presentadas en días recientes en el Senado de la República, que, a la luz del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en caso de que sean aprobadas, atentarían contra la libertad, integridad y dignidad del gobernado. Por lo que corremos el riesgo de un gran retroceso en materia de derechos humanos y es algo que no puede permitirse por ningún motivo.

Uno de los elementos que ocasionaría este retroceso es la «prisión preventiva indiscriminadamente», quedando de lado y en el olvido la presunción de inocencia, pilar fundamental de todo proceso penal en cualquier Estado democrático.

La privación de la libertad (prisión) en todo proceso penal es la regla, mas no la excepción, dentro del Estado mexicano. Esto se debe a que en México no se ha apostado por la aplicación de un derecho penal mínimo, ya que, aunque estas bases se encuentran dentro de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, se hace caso omiso.

Ahora bien, la reforma que está por ser analizada en el Senado de la República establece que el arraigo se otorgue por 40 días, sin ser acusado de nada. Al consolidarse esto, no cabe duda que se desencadenarían violaciones a derechos humanos, tales como defensa adecuada, presunción de inocencia, igualdad, acceso a la justicia, entre otros.

Si bien esta iniciativa que prevé un nuevo modelo de justicia penal “busca” adecuarse a las necesidades y demandas para salvaguardar los intereses de la sociedad, tiene severas fallas. Aunque, de ser aprobada, tocará a los tribunales federales resolver la constitucionalidad y convencionalidad de la esencia de dicha reforma, puesto que no habrá duda de que las instituciones del Estado, academias y particulares acudirán a los medios de control constitucional para buscar echar abajo esta iniciativa, que transgrede a toda luz los derechos humanos de los mexicanos.

Los jueces federales, y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán la última palabra para decidir cuál será el rumbo a seguir en la impartición de justicia penal.

Por ello, una de las grandes herramientas jurídicas con las que cuentan es, sin duda alguna, el criterio o principio pro-personae, con el que, a la luz de la propia Constitución, están obligados a aplicar el control de convencionalidad para dirimir de la mejor manera posible el asunto que se pone a su consideración.

Los derechos de libertad, sin duda alguna, se encuentran en la cúspide de los derechos humanos de todos los gobernados, ya que son fundamentales para desarrollarnos dentro de la sociedad. Por ello es necesario que los legisladores, en su momento, analicen de la mejor manera el contenido de la iniciativa que prevé un nuevo modelo de justicia penal, ya que los pocos avances que se han tenido a partir de 2008 quedarán destruidos.

Tiempos difíciles se avecinan en el marco jurídico-político en México; esperemos que los legisladores tomen buenas decisiones para reorientar dicha iniciativa y buscar consolidar el principio fundamental de los derechos humanos, que es el de progresividad, puesto que el tema del acceso a la justicia es algo que tienen pendiente con los mexicanos.