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“Si se estaba haciendo una auditoría ahora tiene ya un vicio de constitucionalidad" (Foto: Archivo)

Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo lunes se llevaría a la mesa de la Junta de Coordinación Política el tema relativo a la presunta filtración de documentos de la Auditoría Superior de Michoacán, en los que se evidencia un supuesto desvío de recursos de parte de la actual diputada local por Morena, Cristina Portillo Ayala, y otras ex funcionarias de la entonces Secretaría de la Mujer por 3.3 millones de pesos.

Lo anterior, en un contexto de opiniones encontradas entre legisladores de distintas fracciones parlamentarias y la misma imputada, Cristina Portillo, quien manifestó que su actuación legal por daño moral estará supeditada a la actuación de sus propios compañeros diputados para indagar de dónde se derivó la filtración de documentos inherentes al supuesto proceso de la ASM en su contra.

Cuestionado respecto a si habrán de requerir al auditor, José Luis López Salgado, para deslindar responsabilidades, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Antonio Salas Valencia – quien antes se pronunció en contra de que los asuntos oficiales no resueltos sean ventilados en medios de comunicación, dijo: “basta con que a lo mejor preguntáramos quien pudo hacer sido el responsable de esta filtración”.

El coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que la filtración violenta el debido proceso:

“Si se estaba haciendo una auditoría ahora tiene ya un vicio de constitucionalidad, es decir, queda sin efecto alguno, cualquier juez federal por la vía de amparo la desecha por violación al debido proceso”.

Al advertir que el órgano fiscalizador está “sin control”, adelantó que los integrantes de la Junta de Coordinación Política van a sesionar en conjunto con la Comisión Inspectora de la ASM para ver las medidas que tomarán en consecuencia.

Por su parte, el coordinador de los legisladores perredistas, Adrián López Solís, opinó que cada quien debe asumir la responsabilidad de los documentos que tiene a su disposición, y no dar por sentado que el inicio de un procedimiento ya es indicativo de una responsabilidad determinada.

“Yo creo que los asuntos por los cuales se hacen estos comentarios, como es la situación de la diputada tiene a salvo sus derechos y su honorabilidad para vía el derecho de audiencia hacer valer en su caso lo que estime pertinente”, planteó.

ZM