Revolución Social, la delgada línea entre denunciar y obstruir la justicia: fiscal

(Foto: Archivo)
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Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general del estado, Adrián López Solís, opinó que la actuación de integrantes del grupo autodenominado Revolución Social está en la delgada línea entre la denuncia de un probable hecho delictivo, la violación de derechos humanos y la obstrucción de la justicia.

El 5 de septiembre de 2012 se creó en Facebook una fan pague con el nombre de Revolución Social, que a la fecha tiene casi 470 mil seguidores, y se caracteriza por visibilizar la denuncia de presuntos delitos ocurridos en la entidad. Sin embargo, la actuación de algunos de sus miembros no queda ahí.

Por medio de transmisiones en vivo efectuadas desde la misma plataforma, queda el antecedente de la localización de presuntos delincuentes, los cuales son confrontados, videograbados y señalados con nombre y apellido, sin la observancia de principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a derechos humanos.

En encuentro con medios de comunicación, el fiscal general, Adrián López Solís, fue cuestionado sobre la actuación de Revolución Social.

De entrada, dijo que rescata el esfuerzo que realiza este grupo de personas interesadas en que quienes cometen un delito paguen por él.

"Son personas que están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, desarrollando sus actividades ordinarias y que en algún momento, cuando se percatan de la comisión de un hecho delictivo le avisan a las autoridades que deben atenderlo en la vía de la persecución, de la vigilancia, el patrullaje, la contención, la reacción, eso está bien", declaró.

López Solís manifestó que lo que ya no advierte positivo ni posible es que particulares asuman funciones que les corresponden a las autoridades en materia de investigación y persecución de los delitos.

"Nosotros (la Fiscalía) estamos sometidos también a obligaciones, principalmente respetar el debido proceso, presunción de inocencia, las formas de detención, de contacto por vía del uso de la fuerza, nosotros no tenemos facultades ilimitadas, estamos acotados y limitados por el derecho en aras de respetar el derecho de los demás", explicó.

Agregó: "Si alguien pretende que nosotros admitamos formas de detención que violen los derechos de las personas, que se contrapongan a las determinaciones que como obligación tenemos nosotros y los jueces que observar, no lo podemos hacer".

Durante la charla, López Solís dejó en claro que la actuación de este grupo está en una delgada línea entre la denuncia de conductas delictivas, la usurpación de funciones y la obstrucción de la justicia, toda vez que si se violan derechos, si no se respeta el debido proceso, se les brindan elementos a los delincuentes para regresar a las calles y volver a cometer los ilícitos que presuntamente están atacando.

"Nosotros en un momento dado podemos hacer el esfuerzo de atender el reclamo de la víctima para que se le haga justicia y cuadrar las formas de detención para realizar las imputaciones, pero en el momento que los jueces advierten violaciones a los derechos, en cualquiera de estos actos de la autoridad, los jueces determinan que la detención es ilegal o que las pruebas aportadas están viciadas o corrompidas, y, por lo tanto, de nada nos sirve atender reclamos que se potencian por la vía de la reacción social, ni aún en la necesidad de la propia víctima para que se le haga justicia, ya que si no lo hacemos bien, al final el resultado no va a ser bueno", concluyó.

CA

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