Morelia, Michoacán (Boletín).- "La Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) ha llevado a cabo la evaluación sobre las acciones que realizan las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, vigilando que la actuación de los servidores públicos que la integran sea conforme a la normatividad vigente, sancionando, en su caso, a todos aquellos que incumplen en el desempeño de sus funciones" (sic), destacó su titular, Silvia Estrada Esquivel.
Al respecto expuso que desde el inicio de la administración estatal se han incorporado nuevos enfoques multidisciplinarios que impulsan las auditorías en tiempo real, así como la vigilancia y la prevención del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normatividad administrativa y financiera.
Por ello, se ha sancionado a 86 servidores públicos por malas conductas durante el ejercicio de su función, quienes fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre uno a seis años; además, 16 de ellos han sido penalizados económicamente.
Asimismo, se han sancionado 104 servidores públicos, quienes en su mayoría solamente han sido amonestados, entre los que uno fue destituido a uno de su cargo.
Enfatizó que la Secoem ha suscrito acuerdos de coordinación con la Secretaría de la Función Pública que han permitido coadyuvar en el fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Aunado a ello, se coadyuva con la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y en su caso con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el establecimiento de los procedimientos y mecanismos que permitan el cumplimiento de sus atribuciones, según lo establece la Ley de Planeación Hacendaria, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
Esto, a fin de lograr un eficiente, oportuno, transparente y honesto uso de los apoyos y recursos que las dependencias y entidades de la administración pública canalicen a los programas sociales y obras públicas.
Por último, Estrada Esquivel puntualizó que las sanciones económicas dependen "del orden del recurso, pues el estado, a través de los procedimientos respectivos, sólo puede solicitar resarcirlos si se trata de recursos de origen estatal, no así del federal, pues en este último caso dejan a salvo los derechos del estado a nivel de gobierno para que inste los procedimientos que considere y que la normatividad que los rige les permitan".
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