Morelia, Michoacán (Boletín).- La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al avalar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, mediante la cual se ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultado de violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público, es un gran avance para nuestro país, afirmó el diputado Tony Martínez Soto.
Celebró que, con dicha acción, la SCJN proteja los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación y se pronunció porque en los estados del país se continúe legislando para garantizar el derecho de todas a interrumpir el embarazo.
Recordó que, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como Humanas Sin Violencia, Red Asaleas, de Las Libres y Marea Verde presentó, ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, una propuesta de reforma al Código Penal del Estado para eliminar la punibilidad del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación.
Enfatizó, se pretende garantizar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo y erradicar la violencia obstétrica, como evitar los legrados que ponen en riesgo la vida, puesto que, erróneamente, este es el método más recurrente por parte de las instituciones clandestinas que se dedican a realizar dicha práctica.
Tony Martínez expresó que es necesario transcender la mirada para entender de fondo un asunto que, además de ser un tema de derechos, es también un asunto de salud pública; por ello, reiteró que desde la ley se debe garantizar el derecho a la mujer a decidir, lo cual es un tema de justicia para este sector.
Sobre la iniciativa que está impulsando al interior del Congreso del Estado, explicó que está apegada al reconocimiento y protección máxima de derechos y libertades, y establece permitir que una mujer, dentro de las doce primeras semanas de embarazo, decida y manifieste su voluntad de interrumpir éste, no sea sujeto de responsabilidad penal y menos criminalizada.
Recordó que, con base en información documental y estadística, los riesgos inminentes y consecuencias – incluso mortales – que representa la realización de un aborto clandestino, mismos que se reducen en la medida que se elevan los costos; es decir, la mujer que tiene mayores posibilidades económicas, corre menor riesgo que la que no cuenta con dichos medios, aunado a que las clínicas que practican abortos clandestinos están presentes ante una sociedad que opta por invisibilizarlas.
Con esta propuesta se protege a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia sexual, del odio y la agresión, puesto que procura un acceso más eficaz y oportuno a una atención integral; asimismo, combate la clandestinidad de instituciones médicas que lucran con la salud de las mujeres.
Con dicha iniciativa indicó se fortalece lo avalado por la corte, ya que las víctimas de violación podrán recurrir sin necesidad de acudir ante el Ministerio Público, lo cual es un avance significativo.
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