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Uruapan, Michoacán (Boletín). “El Poder Judicial, por mi conducto, reitera su inquebrantable voluntad de cumplir con las facultades constitucionales que le son propias, la impartición de justicia y, conforme a la suprema Ley, siempre atenta a coadyuvar con las demás instituciones para lograr ese fin, en aras del beneficio de los ciudadanos a quienes debemos servir”, manifestó el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán Héctor Octavio Morales Juárez.

Lo anterior, durante la entrega de las instalaciones que albergarán las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, Región Uruapan, espacio que alojaba los juzgados segundo y cuarto penal del sistema penal tradicional, y que fue cedido como resultado de los convenios de colaboración signados entre el Instituto y el Poder Judicial, con el fin de generar un beneficio a quienes requieren de asistencia jurídica.

En presencia del director general del Instituto de la Defensoría Pública Marco Aurelio Nava Cervantes, el magistrado presidente Morales Juárez reiteró que lo anterior “incide en un medio a través del cual se garantiza el derecho constitucional de las personas de contar con una defensa adecuada al permitirse que, más allá de la situación jurídica en la que se encuentran, tengan un lugar digno en el cual sean escuchadas, asesoradas y defendidas”.

Por su parte, Nava Cervantes agradeció la solidaridad del Consejo del Poder Judicial por la entrega del espacio y con lo cual se brindará un servicio de calidad a la ciudadanía de Uruapan, Paracho, Cherán, Tingambato, Ziracuaretiro, Taretan, San Juan Nuevo, Charapan, Los Reyes, Nahuatzen, Peribán y Tacámbaro. Finalmente expresó que junto con todos los operadores del sistema, de manera armonizada se garantiza el derecho humano de acceso a la justicia.

Al evento también asistió Víctor Manuel Manríquez González, presidente municipal de Uruapan; así como Rafael Servín Maldonado, jefe regional de Uruapan y representante personal del gobernador del estado; Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado; Cristina Cortés Carrillo, comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas; Alberto Núñez Mora, fiscal regional de Uruapan; Noé Galván Carrillo, director del Centro de Readaptación Social de Uruapan; así como personal del Poder Judicial y defensores públicos, entre otros.

ZM