El ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) no es algo nuevo, lo anterior, en virtud del anuncio realizado en conferencia de prensa por el titular del órgano investigador en cita este domingo al informar de manera general del curso de la investigación que se sigue tras el lamentable homicidio perpetrado hacia una joven mujer en la capital michoacana.
Este tipo de acuerdos se dictan con la finalidad de que surja la colaboración en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos o permitan el avance de las investigaciones desarrolladas al seno de la institución, fijándose en ellos criterios para establecer los montos de dichas recompensas a través de un Comité Evaluador, siempre que se trate de delitos calificados como graves por la ley.
El último acuerdo aplicable en Michoacán fue el publicado el 18 de abril de 2018, signado por el titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se consideraba que, a fin de fortalecer las actividades de procuración de justicia en Michoacán, es que se implementaban dichas acciones que permitirían un mayor acercamiento y en consecuencia el intercambio de información con los integrantes de la sociedad, así, era impostergable el establecimiento de un sistema de pago de recompensas, que no era más que la cantidad en numerario que se ofrecía y en su caso, se entregase en un solo pago o en exhibiciones periódicas; cantidades que podían oscilar entre 100 mil pesos y hasta 5 millones de pesos o en casos extraordinarios, excepcionales y específicos, se podría autorizar montos superiores.
Con toda certeza en esta semana se tendrá que publicar un acuerdo similar al comentado, acorde a la nueva Ley Orgánica de la FGE, en concordancia con el anuncio de ofrecer una recompensa a quien proporcione datos de la ubicación o paradero del presunto homicida de la joven Jessica González Villaseñor; recompensa que necesariamente debe estar soportada con la suficiencia presupuestal para su entrega.
Para determinar el monto de la recompensa se deberán tomar diversos criterios, tales como el rango que ocupa en la organización delictiva la persona sobre la cual se ofrezca la recompensa y la importancia de las actividades que realiza dentro de la organización; la trascendencia del caso, o el caso de dificultad que exista para la obtención de la información que permita la localización y detención de la persona; y la gravedad o el número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se le atribuyen a la persona, el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del Estado.
Los programas de recompensas en el país inician a nivel federal en el año de 2006, las recompensas de este tipo, por cierto, deben considerarse por quien las reciba, como ingresos acumulables para efectos de determinar el impuesto sobre la renta relativo al ejercicio fiscal del año de que se trate, una situación de alguna manera de riesgo para quien señale a quien se busca, ya que el sigilo que debe mantenerse en este tipo de investigaciones, a la postre podría trastocarse, filtrándose los datos de quien recibe la recompensa; lo anterior deriva en el fracaso de los programas que se anuncian mediáticamente ante la presión que realiza la sociedad por el retardo e ineficacia en las investigaciones. @lvarezbanderas
